Tras el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía anunciado por Javier Milei el pasado miércoles y publicado horas después en el Boletín Oficial, y su convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero, oficializada este viernes, para que ambas cámaras parlamentarias traten el anticipado proyecto “ómnibus” que incluye reformas que no pueden eludir el trámite legislativo, el Congreso de la Nación se alista por estas horas para transitar un verano intenso y caliente. 

El megadecreto presidencial comenzará a regir ocho días después de su publicación, es decir el 29 de diciembre. Según la Constitución, el jefe de Gabinete (Nicolás Posse) tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente, que dispone, a su vez, de la misma cantidad de tiempo para emitir un dictamen y girarlo al plenario de ambas cámaras.

Tanto el Senado como Diputados sólo pueden aceptarlo o rechazarlo por completo, sin realizar modificaciones. La norma únicamente perderá vigencia si es denegada por ambas cámaras. En cambio, si una de ellas la aprueba y la otra no, seguirá rigiendo, al igual que si ninguna la trata.

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Esta situación refiere exclusivamente a su tratamiento parlamentario. La Justicia, que seguramente sumará trabajo tras la entrada en vigencia de esta súper normativa, corre por canales distintos e igual puede invalidarlo si lo considera ilegal o inconstitucional.

En medio de una marcada tensión política y de algunas dudas reglamentarias, lo primero que debe terminar de conformarse ahora es la bicameral, que tiene que estar integrada por ocho diputados e igual cantidad de senadores. Este trámite quedaría resuelto la semana próxima, después de Navidad. La mayoría, para el quórum y para emitir dictamen, se consigue con nueve votos.

De los ocho senadores, uno será de La Libertad Avanza (Juan Carlos Pagotto), uno de la Unión Cívica Radical (Víctor Zimmermann), uno del PRO (Luis Juez), uno de Cambio Federal (Juan Carlos Romero), uno de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola) y tres de Unión por la Patria.

Todos esos bloques, que juntos representan a la mayoría de los miembros de la Cámara alta, acordaron que así fuera. El último jueves, en medio de las discusiones por el armado del bloque, Unión por la Patria envió cuatro nombres, en un intento por imponer un miembro más.

De los ocho diputados, en tanto, dos serán del oficialismo (Oscar Zago y Lisandro Almirón), uno del PRO (Hernán Lombardi), uno del radicalismo (Francisco Monti), uno de Cambio Federal y aliados (Nicolás Massot) y tres de Unión por la Patria, que no confirmó aún los nombres y, al igual que con los senadores, insiste en que le corresponde un integrante más.

La Libertad Avanza y el PRO, pese a sus diferencias internas, ya tienen decidido avalar el decreto desregulatorio, que, entre más de 300 iniciativas, deroga las layes de Alquileres, de Tierras, de Góndolas y de Promoción Industrial, además de modernizar el régimen laboral, abrir el camino para privatizar empresas públicas y modificar el Código Civil y Comercial.

Unión por la Patria, en tanto, cuestionó duramente tanto el uso del DNU como su contenido, mientras que el radicalismo y los bloques federales se manifestaron más moderados, al rechazar el instrumento pero no tanto la letra de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

En este contexto, se avecina una discusión interpretativa. La bicameral que debe analizar el decreto tiene carácter permanente, es decir que puede funcionar en cualquier momento y emitir un dictamen. Sin embargo, no había claridad entre los legisladores respecto a si éste podría tratarse en el recinto durante el período de sesiones extraordinarias.

Desde La Libertad Avanza y el PRO señalan que no y estiman que recién podría discutirse desde marzo, cuando comience el período de ordinarias, con lo cual el DNU podría estar en vigencia durante tres meses antes de ser tratado en el recinto.

Dos días después del megapaquete desregulatorio de 366 artículos, el Presidente firmó este viernes el decreto que convoca a sesiones extraordinarias a ambas cámaras legislativas para tratar la modificaciones de leyes que considera esenciales para su gestión, entre ellas una reforma de funciones del Estado y cambios en el régimen del Impuesto a las Ganancias.

El temario incluye, además, cuestiones relativas al sistema electoral, como la implementación de la Boleta Única de Papel y la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De todos modos, los legisladores nacionales deberán esperar a que la semana que viene ingrese formalmente al Congreso este conjunto de medidas.