A horas de la llegada a El Salvador de Javier Milei, quien asistirá a la segunda asunción presidencial de Nayib Bukele, la Policía local desarticuló una banda integrada por siete veteranos de guerra, que, al parecer, tenía planeado perpetrar este sábado una serie de atentados con explosivos en la jornada en la que se llevarán a cabo los actos oficiales.

Los arrestos se produjeron en la noche del jueves y este viernes fueron considerados "arbitrarios" por organizaciones sociales salvadoreñas, después de que las autoridades difundieran imágenes de los artefactos explosivos decomisados durante el operativo policial.

Según la Policía Nacional Civil, entre los detenidos figura José Santos Melara Yánez, exdiputado del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien fue acusado de financiar estos eventuales ataques terroristas.

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Los detenidos, de acuerdo a las informaciones oficiales, estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña, y sus objetivos eran detonar estaciones de servicio, supermercados e instituciones públicas.

Bukele se impuso por segunda vez consecutiva en las elecciones de ese país centroamericano, con el 84,65% de los votos. Este sábado está prevista la ceremonia de investidura, con la presencia, además de Milei, de otros presidentes del continente, tales como la hondureña Xiomara Castro y el ecuatoriano Daniel Noboa, además de representantes del Gobierno estadounidense y el rey de España, Felipe VI. La ceremonia se llevará a cabo en la principal plaza de San Salvador.

Por su parte, Luis Parada, abogado y excandidato presidencial por el partido conservador Nuestro Tiempo, afirmó en sus redes sociales que, tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones, "la investigación debería tener acompañamiento y verificación internacional para que pueda ser creíble".

"¿Han pasado todo el Gobierno burlándose de los veteranos y hoy resulta que le tienen miedo a su capacidad de convocatoria? Que no les extrañe que les inventen hasta una ‘conspiración’", sumó Ruth López, de la entidad humanitaria Cristosal.

Las autoridades salvadoreñas mantienen desde hace más de dos años un régimen de excepción impulsado por Bukele para combatir a las violentas pandillas criminales, denominadas maras, que le permitió detener a más 80.000 personas y reducir el número de homicidios.

La medida, que implicó la suspensión de garantías constitucionales, fue cuestionada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional.