El Gobierno presentó este viernes ante la Justicia el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Javier MIlei, informaron fuentes judiciales. "Solo persiguen, ni más ni menos, que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial", argumentó el Ejecutivo al aludir a los objetivos de las reformas que planteó en materia de trabajo en esa megainiciativa.

Este paso era imprescindible para que la Justicia pueda avocarse a analizar la admisibilidad del Decreto 70/2023. Una vez que  el ministerio público fiscal emita su opinión, el fuero laboral estará en condiciones de dictar sentencia.

El documento, de 90 páginas, desarrolló que las reformas laborales, en general, "consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito", a pesar de que “es evidente que los déficits estructurales" del rubro son "más que significativos” en Argentina.

TE PODRÍA INTERESAR:

"Esto significa que es necesario realizar un trabajo de selección de los indicadores (y las problemáticas) que formaran parte de los fundamentos de la política de reforma, con el propósito de evitar errores y falacias de diagnóstico", sostuvo el informe.

En ese sentido, subrayó que los indicadores que justificarían una reforma como la pretendida en el DNU son, en primer término, que el poder adquisitivo de los salarios del empleo asalariado registrado del sector privado se encuentra en uno de los niveles más bajos desde enero de 2009.

También se remarcó que la proporción de la población que ocupa un puesto de trabajo registrado del sector privado se encuentra por debajo de los porcentajes observados entre 2010 y 2018, y que la incidencia del empleo no registrado en el total del empleo asalariado es una de las más elevadas de los últimos quince años.

"Resulta clara la severidad de la situación en la que se encuentra la República Argentina, afectada por una crisis tanto económica como social que puede derivar en un deterioro aún mayor y más grave si no se comienza a solucionar la enorme cantidad de problemas originados en esa crisis", destacó el escrito, que lleva la firma de la abogada Jorgelina Sonzogno, que representa al Estado Nacional.

"Frente a este cuadro de situación, resulta imperativo adoptar medidas urgentes que ayuden a poner en marcha al país, otorgando mayor libertad a las fuerzas productivas que caracterizan a nuestra República, para lo cual la desregulación es una de las herramientas importantes a adoptar", remarcó.

Para el Ejecutivo, "el enmarañado, riguroso e intervencionista sistema de regulaciones de la economía produjo y produce efectos de enorme negatividad que no permiten la generación de riqueza y, por ende, la búsqueda del bienestar general".

El Gobierno justificó, además, el uso del DNU, al señalar que es “un instrumento propio de la arquitectura constitucional del país, por lo que no existe tal avasallamiento republicano” denunciado por la central obrera.