Con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, este martes por la madrugada se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que oficializa la baja de unos 7.000 empleados públicos que ingresaron a partir del 1° de enero de 2023 a la Administración Pública Nacional. Además, el Poder Ejecutivo pidió que se realice una “revisión exhaustiva” de la situación de los trabajadores estatales que se encuentran en funciones desde antes de esa fecha. 

La medida incluye a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación” que concluya al 31 de diciembre de este año, de toda la administración nacional, entes públicos, incluidos entre ellos, la ANSES, PAMI y la AFIP. 

La decisión alcanzaría a cerca de 7.000 empleados de distintas áreas del Gobierno y excluye únicamente a aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.

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En su artículo 1°, el nuevo decreto estableció: “Las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8 de la ley 24.156, no serán renovadas”. 

Ante esta situación, los sindicatos ya se encuentran en pie de guerra y tienen previstas acciones para las próximas semanas, ya que, según anticiparon, “no van a permitir ningún despido que sea sin justa causa”.

Quienes quedan exentos de esto son los que “hayan estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada [señalando] que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

“Instrúyese a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, indica el texto del decreto.

Asimismo, se especifica que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación” e informarlo a la “Jefatura de Gabinete de Ministros” que tendrá la última palabra.

Actualmente, la Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales, 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. La Ley Marco de Empleo Público Nacional incluye unos 100.000 aproximadamente, de los cuales un tercio es parte de la planta permanente.