El Gobierno decidió llevar adelante una amplia reestructuración en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que incluye desplazamientos de funcionarios y cambios en varias jefaturas y direcciones. Como habían adelantado fuentes oficiales, fue desplazada la ahora extitular de la Aduana, Rosana Lodovico, quien quedó envuelta por una denuncia por supuesta corrupción. En su lugar, fue nombrado Eduardo Mallea, un especialista en comercio exterior que hasta ahora se desempeñaba en un reconocido estudio de abogados.

De acuerdo con las mismas fuentes, los cambios en el organismo no incluirán a su jefa, Florencia Misrahi, quien asumió su cargo en enero pasado.

Lodovico había quedado en el ojo de la tormenta tras haber sido denunciada por haber tomado presuntamente una deuda de USD 250.000 con una empresa implicada en actividades de contrabando. El crédito fue pactado en 2022 con Promarlon, una sociedad anónima vinculada a prácticas ilícitas en el ámbito aduanero.

Ese préstamo, que fue revelado por el diario La Nación, está bajo investigación de la Justicia en el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.

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Según información surgida desde la Casa Rosada, los funcionarios desplazados serían diez, en el marco de un plan de depuración ordenado por el ministerio de Economía.

La denuncia penal contra Lodovico fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli. Según el expediente, la funcionaria recibió un crédito de Promarlon SA, que en sus estatutos no está habilitada para otorgar préstamos, en momentos en que esa empresa estaba acordando una moratoria.

La funcionaria dijo que el préstamo, obtenido en octubre del año pasado, fue destinado a la adquisición de una propiedad en la localidad bonaerense de Canning, valuada en USD 330.000, con aportes adicionales de ahorros personales.

Esta transacción se realizó mientras ejercía cargos en la Aduana, primero como subdirectora general de Operaciones Metropolitanas durante la gestión anterior. Posteriormente fue ascendida y pasó a ser la titular del organismo durante la administración de Javier Milei.

La jueza María Eugenia Capuchetti, ante un requerimiento de la fiscal Alejandra Mangano, pidió este miércoles una serie de medidas de prueba para investigar si Lodovico cometió los delitos de cohecho y lavado de dinero, al aceptar supuestamente un crédito de una empresa que había sido denunciada por contrabando.