Tras no conseguir el apoyo necesario para aprobar artículos de la Ley Ómnibus que consideraba claves y el consecuente regreso del texto a comisiones, el Ejecutivo cree que el proyecto "está muerto" y Javier Milei pretende hacer pagar "el costo" a los gobernadores que no acompañaron la iniciativa, a los que acusó de "traidores".

En este sentido, no descarta llamar a un plebiscito no vinculante para exponer a los opositores que no apoyaron su propuesta, aunque sabe que debe pasar por el Congreso, sobre el que considera que "está diseñado para trabar las cosas".

Para tal fin, desde La Libertad Avanza estudian los casos testigo de América Latina: el de Uruguay, en donde Luis Lacalle Pou hizo pasar en 2022 una serie de reformas vía referéndum, y el de Chile, luego de que Gabriel Boric se viera debilitado tras el rechazo del pueblo a una nueva Constitución Nacional.

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"Las experiencias indican que cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse. Creemos que no se tratará, esto está muerto y la opción es consulta popular", alertó a la agencia Noticias Argentinas una fuente de la Casa Rosada.

En ese sentido, el diputado Gerardo Milman, del PRO, se hizo eco de esta intención y presentó este miércoles un proyecto de declaración para que el Ejecutivo convoque a una consulta popular vinculante a través del Congreso para que la gente diga si aprueba o rechaza la Ley Ómnibus, en el marco del artículo 40 de la Constitución.

Sobre el fracaso de la ley en la Cámara de Diputados, desde el oficialismo responsabilizaron a los gobernadores que, antes de la sesión del pasado martes, habrían garantizado su acompañamiento al proyecto "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", pero instruyeron a sus legisladores a votar en contra este martes.

Los señalados son Maximiliano Pullaro, de Santa Fe -con quien el ministro de Economía, Luis Caputo, iba a mantener este miércoles un encuentro que fue suspendido-; Gustavo Sáenz, de Salta; Martín Llaryora, de Córdoba; y Carlos Sadir, de Jujuy.

"A ningún Gobierno le rechazaron la primera ley que presentó. En estas condiciones es difícil sentarse a charlar con gente que te traiciona. Con traidores no se negocia", precisaron al respecto, dando a entender que las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la Ley Ómnibus.

Respecto de la conformación del Parlamento, en donde el oficialismo está en minoría -cuenta con 38 diputados y siete senadores-, el Gobierno deberá afinar su estrategia negociadora si pretende aprobar proyectos de ley antes de 2025, año en el que se celebrarán las próximas elecciones legislativas. "Creo que ayer (por la sesión del martes) nuevos leones se han despertado y van a tomar consciencia de la basura inmunda asquerosa que es la casta y que, sin lugar a dudas, en el 2025 le van a dar la espalda y vamos a tener un Congreso más limpio y más honrado, y va a ser posible pasar las reformas", sostuvo Milei desde Israel.

Según informó la agencia de noticias Télam, desde el Gobierno indicaron que "no se está pensando" en una ampliación de las sesiones extraordinarias del Congreso ni en una convocatoria a corto plazo a una reunión de gobernadores provinciales.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron este miércoles en Casa Rosada para analizar la jornada parlamentaria del pasado martes y "hacer un balance de la sesión", revelaron fuentes oficiales. A su vez, se evaluaron "herramientas constitucionales" para llevar adelante algunos puntos de la ley que no necesiten pasar por el Congreso.