El Ejecutivo busca cerrar bajo llave el Congreso
Lic. Ignacio Torres
Diputado Nacional por Chubut de Propuesta Ciudadana (PRO)
¿Para qué tratar una ley de Presupuesto en el Congreso? Según lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia, recientemente firmado por Alberto Fernández, la decisión de la asignación de partidas será unilateral, y estará en manos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Al suspender el límite del 5% que tiene el jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias, otorgándole al ministro coordinador la posibilidad de reasignar la totalidad; el DNU 457-2020 firmado por el titular del Ejecutivo Nacional, desnaturaliza el programa constitucional que establece que es el Poder Legislativo quien aprueba, año a año, el presupuesto de gastos.
Los “superpoderes” en un ministro, otorgados por la ley 26.124 y que rigieron hasta al 2016, cuando se modificó la Ley de Administración Financiera, limitaban la delegación al 7,5% del total de Presupuesto, y en 2017, hasta el 5%. Es decir que, el Ejecutivo, podía reasignar de manera discrecional hasta ese porcentaje del presupuesto aprobado.
Tras la sanción de la Ley de Emergencia este año, volvimos a habilitar al Ejecutivo a reasignar el 7.5% de la partida presupuestaria previamente aprobada. Este DNU, lleva nuevamente esa delegación a la Jefatura de Gabinete al 100%, es decir que repite el esquema impuesto por el kirchnerismo en 2006.
¿Qué representa este DNU? Básicamente que no hay Ley de Presupuesto. Independientemente de lo votado por el Congreso, el Jefe de Gabinete puede cambiar la distribución de todas las partidas. De este modo, le arrebata al Congreso, una de sus principales atribuciones: la distribución de las partidas presupuestarias; condicionando el destino de las erogaciones.
El dilema, sin embargo, no es hacia dónde se reasignarán las partidas, sino la concentración del poder absoluto en una sola persona, que podrá decidir sobre los recursos de todos los argentinos.
Estos recursos no son del Presidente, ni del jefe de Gabinete: pertenecen a toda la población, que aporta para que haya un sistema de salud adecuado, un sistema previsional que funcione y para garantizar la seguridad ciudadana.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio vamos a trabajar para que ese DNU quede sin efecto, trabajando en primera instancia por vía parlamentaria. De no llegar a un acuerdo, por recurso judicial, planteando la inconstitucionalidad de esta medida.
El Presidente tomó nota, en su momento, de las denuncias realizadas por parte de la oposición sobre los sobreprecios en Desarrollo Social y actuó en consecuencia; lo mismo sucedió con las desprolijidades de la Anses, que decantaron en la salida de su Director, Alejandro Vanoli; y se dio marcha atrás con la salida del Mercosur.
Creo que mantener la postura en materia de recursos, va a escalar a un grado de conflicto político. A medida que la crisis avance, éste será más grave y por lo tanto, de resolución más compleja.
La crisis sanitaria no debe hacernos perder de vista que seguimos siendo una República y que debemos respetar la división de Poderes. En este caso, una facultad del Congreso, donde estamos representados el 100% de los argentinos.
No es casualidad que se estén dilatando el tratamiento de muchos proyectos. Esto claramente le permite al oficialismo mantener la agenda ejecutiva y legislativa cerradas, según sus propias necesidades y arbitrio, lo cual atenta contra el sistema republicano.
