Falla en la villa el gobierno de los técnicos
Alberto Fernández suele bromear ante su entorno. Dice que a Horacio Rodríguez Larreta le encanta ser intendente. En dos meses, el Presidente cree haber entendido la lógica del jefe de gobierno mejor que en toda su carrera como político profesional. Sin embargo, la alianza Nación-Ciudad coincide con uno de los momentos más difíciles para Larreta desde que asomó a la gestión: concentrada en su distrito, la pandemia lo obliga a repensar si los riesgos que decidió asumir con la apertura no son excesivos.
Las víctimas fatales y la expansión del COVID 19 en un territorio que está separado apenas por unos metros de los grandes hoteles de Retiro es el capítulo más dramático de una situación general donde el hacinamiento y la pobreza conviven con enormes dificultades para acceder a servicios básicos como el agua.
Con una población estimada en al menos 46 mil personas, el aumento de los contagios en la villa 31 fue vertiginoso y va camino a superar los 1000 casos. Mientras el peligro que atraviesa el barrio se convierte en noticia y cobra una visibilidad excepcional, quienes frecuentan el lugar afirman que la crisis se explica tanto por la falta de previsión como por la falta de política.
La falla está en el origen. Después de la muerte de Ramona Medina y Víctor Giracoy, la Secretaría de Integración Social Urbana no convocó ni siquiera a una reunión de trabajo al equipo que está instalado desde hace por lo menos tres años en el Barrio Mujica. El área que conduce Diego Fernández tiene 500 personas asignadas de forma permanente en la villa 31 y dispone de una trabajadora social cada 25 o 30 familias, una proporción que -aunque resulte suficiente- genera la envidia de los habitantes del resto de los barrios de emergencia. Además, ahora cuenta con un registro unificado que se elaboró junto al ministerio de Salud de Nación y permite identificar no sólo a los infectados sino también a sus contactos estrechos.
La pandemia sorprendió al gobierno porteño con las carencias de siempre en las zonas vulnerables y en medio de un operativo de reasentamiento de 1000 familias en la 31. Desde que comenzó en 2018, 364 familias se mudaron a los 25 edificios de tres pisos que construyó Larreta con un préstamo del Banco Mundial y fondos provenientes de la venta de terrenos del Tiro Federal. De acuerdo a la ley de reurbanización 6129 aprobada en la Legislatura, 364 familias fueron mudadas del Bajo Autopista de la Illia hasta las viviendas nuevas en las cercanías del Ministerio de Educación, en un proceso largo en el que muchos habitantes tenían reparos y se quejaban de no haber sido consultados. El plan para relocalizar a las más de 600 familias que quedan tenía como fecha límite noviembre, pero se adelantó primero para agosto y ahora para fines de junio, lo cual obliga a una velocidad récord en plena pandemia. La semana próxima, sin ir más lejos, el operativo incluye la mudanza de 77 familias. El Covid 19 incentivó a algunos vecinos que tenían dudas a apurar su mudanza.
Las zonas más permeables a la expansión del virus son el Bajo Autopista, los inquilinatos y el asentamiento San Martín, el sector que se constituyó en forma más reciente pero explotó en los últimos años, tiene los índices de vulnerabilidad más altos y está pegado a las vías del Ferrocarril. Según las organizaciones que trabajan en el territorio, los peligros más grandes están en el hábitat más precario de los hoteles, donde vive entre el 15 y el 20% de la población. Ahí, donde las personas que pagan un promedio de 8 mil pesos por alquilar una pieza de 4 x 4 suelen sobrevivir gracias a la economía informal, el recambio es más alto y los inquilinos entran y salen obligados, mientras el virus circula. Un pasillo sin luz termina en una escalera caracol que lleva a una casa sin ventana y el agua no llega al tercer piso de un inquilinato en el que se hacinan 25 personas. En esa cotidianeidad, el aislamiento no existe y prevenir ahora lo que no se hizo durante años es imposible.
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El hacinamiento y el hambre pegan cada día y no alcanza la asistencia del Estado. El Comité de Crisis del Barrio Mujica reúne a grupos que denuncian el abandono del gobierno y hacen frente también al aumento de la demanda alimentaria desde 68 merenderos y comedores populares.
La 31 es una excepción en varios sentidos. Se trata de la única villa en la que el Ministerio de Desarrollo Social porteño y el Instituto de la Vivienda tienen escasa incidencia y la Secretaría de Integración es el rostro de la gestión con el plan de reasentamiento y una autonomía de fondos que sorprende. Con un grado de organización elevado, un delegado por manzana y un consejero por sector, en el Barrio Mujica conviven el trabajo arraigado de las organizaciones sociales y de la Iglesia con un nulo desarrollo político por parte del macrismo versión Larreta. Decenas de Excels sofisticados con metas para mudar a los vecinos se vienen abajo en el salto del mapa al territorio. Un gabinete de técnicos con cargos de gerentes sufre la ausencia de dirigentes políticos a la hora de hablar antes los vecinos. Lo que en tiempos de cierta normalidad puede superar la prueba se revela inservible en medio de una pandemia que se monta sobre cuatro años de ajuste y varios más de recesión. Peor aún, con contratos precarios que duran 12 meses, hay técnicos que tienen miedo y no quieren ir a trabajar ante el riesgo de contagio. De la conclusión íntima a la que arribe cada uno de ellos, depende en parte si el Estado se repliega o se hace cargo en el momento en que más se lo necesita.
En el gobierno porteño y en el nacional coinciden en que la 31 es sólo el caso más visible y que en el resto de los barrios de emergencia de todo el país la situación es igual o peor.
El efecto de la crisis sobre la política todavía resulta impredecible, cuando no hay tiempo, aumenta la desesperación y se corre desde atrás. Experimentado, astuto y obsesivo de la gestión, Larreta puede argumentar que pelea en condiciones adversas por el liderazgo de la oposición ante una facción de resentidos que no gobiernan y apuestan al fracaso de Fernández. Pero a su lado algunos pragmáticos piensan que el error no fue abrir la cuarentena sino contar los casos de contagio, una decisión que Axel Kicillof recién ahora toma y que a él le genera un costo cotidiano desde hace días.
En el gobierno porteño y en el nacional coinciden en que la 31 es sólo el caso más visible y que en el resto de los barrios de emergencia de todo el país la situación es igual o peor. Sin embargo, el sucesor de Mauricio Macri se juega mucho en Retiro porque el virus crece de manera exponencial y porque ahí reside también una de sus grandes apuestas de gestión. En el barrio en el que invirtió 850 millones de pesos para poner en marcha 33 proyectos, Larreta perdió las elecciones por 30 puntos frente a Matías Lammens. Tal vez, no sólo se explique por el ajuste infinito del presidente que se fue: también por el gobierno de técnicos que todavía subestiman la política.
