A días de una reunión clave en la Casa Rosada con los gobernadores para avanzar en la relanzada Ley Ómnibus, el Ejecutivo nacional está a punto de sumar un nuevo foco de conflicto, tras la la eliminación de los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que están bajo el control de unas 13 provincias, lo que complica la liquidación de los haberes y el funcionamiento de las cuentas públicas locales. 

La primera provincia en hacer explícito su rechazo a esta medida fue Santa Fe, que analiza judicializar el tema. En ese sentido, su secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, expresó este viernes que el recorte de fondos para los jubilados provinciales representa "otro golpe al interior" del país.

Boasso afirmó que la resolución incumple "acuerdos y pactos" que fueron aprobados en su momento. "Es otra trastada del presidente (Javier) Milei" y una "apropiación indebida de fondos" de parte del Estado nacional, destacó el funcionario de la administración del radical Maximiliano Pullaro.

TE PODRÍA INTERESAR: La CTA Autónoma se encamina hacia un segundo paro general en abril: "Se están dando las condiciones"

"Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias", fustigó en declaraciones a Cadena 3.

La controversia surgió por el decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial el último miércoles, que modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. 

Como no se aprobó una nueva "ley de leyes" por el contexto electoral del año pasado, Milei extendió en enero el ejercicio anterior y le incorporó cambios destinados a cumplir su meta de déficit cero, uno de los pilares de su plan de Gobierno.

Entre las novedades del último decreto, se derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias y se formalizó la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, dos decisiones que ponen los pelos de punta a las provincias.

Respecto a las jubilaciones de los empleados públicos provinciales, la medida dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023, que establecía que la ANSES "girará antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas".

Además de Santa Fe, las provincias impactadas por esta resolución son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

Hace varios días, Pullaro advirtió que una de las condiciones para contar con su firma en el Pacto de Mayo impulsado por el mandatario nacional era que se pagaran esas obligaciones. "Se debe aprobar urgente una Ley de coparticipación inversa, es decir, que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación", propuso Boasso.

"Aquí se siguieron pagando las jubilaciones y las pensiones con buenas tasas de sustitución y con este decreto se dejan sin efecto incluso acuerdos pasados. Y a partir de ahora, si no hay otras modificaciones, no se van a afrontar. La verdad es que se trata de un peligro enorme", añadió antes de precisar que la "Nación le debe a Santa Fe alrededor de $700.000 millones".