Ahora que Javier Milei vetó oficialmente la ley de reforma jubilatoria sancionada por el Congreso, se acentuó la batalla por la nueva fórmula previsional. De un lado, el oficialismo considera que cuenta con los números "para que la oposición no insista con el proyecto", mientras que, del otro, sostienen que el Parlamento "va a revertir la decisión presidencial". Para esto, debe asegurar al menos dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

El Presidente apeló a un veto total a la normativa a través del decreto 782 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el cual lleva fecha del 30 de agosto y la firma de Milei y todo el Gabinete.

En este marco, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, defendió la decisión del jefe de Estado al subrayar que "está cuidando el equilibrio fiscal para no generar inflación" y aseguró que "lo que se está haciendo es generar puestos de trabajo para que puedan generar las jubilaciones que se merecen los jubilados".

"Tenemos los números para que la oposición no insista con el proyecto", confió el legislador en declaraciones a Radio Con Vos, a la vez que remarcó que "no hay nadie en la Argentina que no quiera actualizar" los haberes previsionales, pero apuntó contra "la vieja fórmula que venían aplicando todos los Gobiernos kirchneristas".

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Al respecto, cuestionó que "decían que les daban por un lado" mientras que "por decreto" les dieron de baja al 82% móvil, y señaló que el aumento de las jubilaciones acompañado por inflación fue "la mentira del parche histórico".

Pese a que el oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios para sostener la medida de Milei, el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy había anticipado que si el veto fuese total- tal como sucedió finalmente- "el Congreso va a revertir la decisión presidencial".

En diálogo con Radio Rivadavia, el legislador consideró que "el proyecto que fue votado tenía varios defectos", pero aclaró: "Probablemente una salida inteligente al problema que teníamos hubiera sido corregir con veto parcial los errores y dejar la cuestión sustancial, que es el aumento para cubrir el desfasaje de inflación de enero y el ajuste dado por el Gobierno".

"Si se hubiera actuado de esa manera me parece que tendríamos otro camino de solución", evaluó López Murphy y subrayó que si la anulación es total "sería un error" y "seguramente se va a encontrar con el rechazo del Congreso".

En este sentido, reclamó que "prevalezca el buen juicio" y vaticinó "un conflicto de orden institucional que no le va a hacer bien ni al Congreso ni al Presidente".

Para dejar sin efecto un veto presidencial, Diputados y el Senado tienen que volver a aprobar la ley, pero con dos tercios de los votos de los presentes. Hace dos meses, cuando el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara baja -la iniciadora-, el recuento finalizó con 160 adhesiones y 72 rechazos.

Los dos tercios se alcanzan con 171 votos, pero como en aquella oportunidad hubo 16 ausentes, esa mayoría especial se logró con apenas 160 voluntades, por lo que se estima que la balanza ahora se inclinará en uno u otro sentido con la misma estrategia de ausencias y abstenciones.