Según anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno impulsará modificaciones en el régimen migratorio, las cuales incluirán la posibilidad de cobrarles a los extranjeros no residentes la atención en hospitales públicos y el acceso a las universidades nacionales. Asimismo, sumarán delitos al listado de causales para impedir el ingreso o expulsar del país a delincuentes foráneos. 

"El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado y, en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos", comenzó contextualizando el portavoz en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

En primer lugar, anunció que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles, lo que "va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio", dado que, por caso, "uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero".

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Asimismo, se dispondrá el fin de la gratuidad de la atención médica "tal como la conocemos hasta ahora". "Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a quienes no residan en el país", detalló Adorni.

"Desde que se tomó esta medida en Salta, bajó 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de $60 millones. Esto implica no sólo el ahorro fiscal, sino también la mejor atención para el resto de los ciudadanos. Nos despedimos de los tours sanitarios", agregó.

Como tercera iniciativa, afirmó que se incorporarán "más delitos como causa para impedir el ingreso o como justificativo para expulsar a un inmigrante", por ejemplo "si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones".

"Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o cuando se sospeche que el motivo de su entrada es diferente al que manifiestan cuando hacen el trámite migratorio", añadió el vocero, a la vez que adelantó "una pena de prisión si el extranjero viola la prohibición de ingreso al país".