La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó este martes ante la Justicia para asumir como querellante en la causa que investiga la presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales de parte de intermediarios de diferentes agrupaciones piqueteras.

La denuncia fue presentada por la cartera de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, tanto anónimas como de personas que se identificaron.

En ese sentido, cientos de denunciantes manifestaron haber sido amenazados con perder el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales. 

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Tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios, que establece la competencia de esa cartera en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático. 

"En virtud de ello, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados", que son 28 personas, se informó en un comunicado de la cartera que dirige.

A partir de una denuncia del ministerio de Seguridad, la Justicia federal realizó este lunes una decena de allanamientos a comedores del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, entre otras agrupaciones sociales.

La cartera sostuvo que los imputados son 28 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, el de coaccionar a beneficiarios de planes para que asistieran a las marchas.

Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los amenazaron con "darles de baja" el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron "vendidos".