A través de un comunicado que salió de Casa Blanca y que cuenta con la firma de Trump, Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que prohíbe a sus ciudadanos comprar obligaciones de deuda de Venezuela. Según funcionarios norteamericanos, estos instrumentos estaban siendo adquiridos por el gobierno de Maduro con el fin de obtener liquidez ante la ausencia de dólares y el cepo cambiario. Por ahora, Maduro mantiene sus contactos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y busca financiarse a través del país transcontinental.

La decisión fue tomada después de las elecciones presidenciales de este domingo, en las que Maduro fue reelegido con 6,1 millones de votos, aunque registrando una de las participaciones más bajas en décadas. Según sondeos oficiales, votó sólo alrededor del 40% del electorado. Además, varios presidentes de la región así como los candidatos opositores a Maduro, negaron el resultado electoral. Por otro lado, el boliviano Evo Morales mostró su respaldo a Nicolás Maduro y a la continuidad de las ideas de Hugo Chávez.

"La orden ejecutiva de hoy cierra otra vía de corrupción que según hemos observado está siendo usada: niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos", expresaron desde la Casa Blanca.

En la misma línea que Maduro, Macri agudizó su postura con respecto a Venezuela al inaugurar la reunión junto a cancilleres del G20. "Hoy tuvimos otro simulacro de elección democrática en Venezuela", declaró, en tanto que subrayó que Venezuela "no es más una democracia". "Me quiero solidarizar nuevamente con nuestros hermanos venezolanos e invitarlos a que sigamos redoblando los esfuerzos para que en Venezuela se recupere la democracia y el respeto a los derechos humanos", agregó.

(i)     la compra de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar;

(ii)    cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela que se haya pignorado como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar; y

(iii)   la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación accionaria del 50 por ciento o superior.