A pura diplomacia, Martín Guzmán desmintió ayer en el Congreso la tesis de Miguel Pesce. La batería de medidas que el presidente del Banco Central anunció la semana pasada no resuelve el problema estructural de la falta de dólares sino que es parte de un esfuerzo desesperado por frenar la sangría de reservas que pone en riesgo la precaria estabilidad de la economía. Enemigo de la iniciativa aislada que buscaba prohibir por completo la compra de dólar ahorro, Guzmán piensa que el paquete oficial ataca las restricciones de manera más integral porque incluye a las empresas que se endeudaron en dólares durante la euforia del macrismo. Sin embargo, el ministro de Alberto Fernández admite que en marcha está un esquema de transición para dejar de perder divisas. La solución, ese es el problema, va a demandar un tiempo que no sobra.

La tesis del gobierno contempla la demanda de 5 millones de ahorristas que se llevaron unos U$S 1300 millones en agosto, pero apunta también al sector privado que se prendió a la fiesta del endeudamiento que organizó Mauricio Macri y tiene condiciones para refinanciarse, pero eligió no cancelar sus pasivos y sacarle los dólares al Banco Central. Algo había que hacer en una situación de lo más compleja, producto de una crisis múltiple, y no sobraban opciones amables.

Guzmán estaba convencido de que la erradicación absoluta del dólar ahorro, propiciada por las empresas endeudadas que competían con la clase media por la divisa, era apretar una tecla conocida en la historia económica argentina, la de “aguantar”. Las restricciones del Central, no obstante, no despejan el dilema y la pregunta que iguala a destituyentes y oficialistas sigue siendo la misma:

¿Hay forma de evitar una devaluación brusca? ¿cuánto dura el precario equilibrio de un dólar restringido, en un escenario en el que la oferta por supuesto no aparece y el exceso de demanda tiende a profundizarse?

Tal como algunos temían hace casi dos años, la crisis que incubó el macrismo esta vez le estalló al peronismo. La pandemia vino a agravar el cuadro de una economía en honda recesión, asfixiada y sobreendeuda. En un gobierno aturdido de problemas, con una oposición rabiosa y factores de poder que buscan fijar condiciones, se juega a la polarización de espaldas a un fuego que se expande.

Economistas que forman parte del arco oficialista vislumbran un escenario que sólo puede derivar en nuevos problemas y suponen que, tarde o temprano, la resolución que ahora se esquiva se terminará imponiendo. Sostienen que se abren distintos frentes donde ninguno es favorable. Por el lado de la oferta de dólares, con una brecha que se agranda en valores más altos, los sojeros ya están sentados sobre la cosecha y todo indica que se disponen a vender lo imprescindible. Bajo el tinglado del Frente de Todos, volverán a agruparse dos corrientes: las que demandan un acuerdo con los agroexportadores y las que promueven una mayor presión sobre el sector que tiene la gallina de los huevos de oro.

Por el lado de la demanda, en cambio, los importadores incrementan sus pedidos para comprar insumos y vuelve la dificultad para un gobierno que debe discernir entre los que lo hacen para estimular la actividad económica y afrontar el día a día en medio de la parálisis y los que aprovechan para estoquearse barato. Nada sugiere tampoco que el dólar tarjeta vaya a disminuir de manera considerable y el horizonte no favorece los pronósticos optimistas.

El COVID-19 le trajo a Fernández y a Guzmán un sólo dato para rescatar en medio del derrumbe: el superávit comercial, producto de la debacle de las importaciones. Importante, no alcanzó para resolver la falta de dólares y comenzará a licuarse a medida que el rebote de la industria se consolide. Sobrevuela en medio de la turbulencia la pregunta traumática por los depósitos, que cayeron fuerte después de las PASO y se recuperaron en los primeros meses de la administración Fernández. Intentos de desestabilización al margen, los especialistas coinciden en que los dólares están porque hoy no existe aquella ficción contable de la Convertibilidad. Sin embargo, si viene un retiro acelerado por parte de los ahorristas, lo más probable es que la frazada corta derive en un pase de manos de los bancos. En ese escenrio, un corte abrupto de la prefinanciación para los exportadores puede provocar graves trastornos en el sector.

Llegar a marzo, la meta que se escucha en algunos despachos del gobierno, es hablar de un mundo desconocido para la Argentina del minuto a minuto. Pese a que la cotización de la soja está en su mejor momento y avanza hacia los 400 dólares, esperar a los verdes de la cosecha es una apuesta de riesgo en la que la mayor parte de los factores conspiran contra la fortaleza de las reservas. En el mundo del agronegocio, se dividen entre los que creen que conviene aguardar porque la sequía en Estados Unidos puede elevar aún más la cotización de la soja y los que temen que las malas condiciones climáticas se trasladen a la región.

Pesce deja trascender que alcanzan las medidas que se tomaron pero son pocos los que compran el discurso de la tranquilidad. El Central puede usar el “poder de fuego” de los bonos reestructurados -que ahora caen en su cotización- y dispone después de un monto de reservas líquidas estimado en U$S 7000 millones. Si la presión sobre el dólar no disminuye y la sangría continua a través de los bancos, el gobierno tendrá que volver a tomar una decisión antipática. La devaluación y el desdoblamiento bancario, dos alternativas que se discutieron en los últimos meses dentro y fuera del oficialismo, estarán otra vez sobre la mesa. En medio de la crisis, ninguna salida asoma virtuosa ni resulta fácil.

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Se diga o no, la situación es bastante más dramática que durante los años del control de cambios cristinista. Entonces, el acceso a los mercados estaba trabado pero podía abrirse, no se le debían U$S 44.000 millones al Fondo, las empresas no estaban endeudadas en dólares, no había pandemia, el desempleo no rondaba el 13% y los sueldos no venían de cuatro años sobre cinco de caída. Prueba de la grieta más honda, el Salario Mínimo Vital y Móvil es una institución en desuso que quedó arrumbado en $16.875, cuando la canasta básica de agosto fijó en $45.478 el umbral para que una familia no caiga en la pobreza. Si no forma parte de un esquema de reducción de daños, la devaluación que pretenden desde el mercado y el gobierno se propone evitar sin saber cómo puede pulverizar los ingresos.

Guzmán habló en Diputados de “un país a la defensiva”. Así aparece el peronismo en la disputa con factores de poder que no tienen otro esquema alternativo que el de forzar una nueva crisis. Aguantar o no aguantar, ese es el peor de los dilemas en la transición que se inicia.