Alberto Fernández enviará esta semana al Congreso el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Dentro de los próximos diez días", había asegurado durante su discurso de apertura en la Asamblea Legislativa. El mismo estará enfocado en la salud pública, incluirá la objeción de consciencia individual y hasta cálculos económicos de los costos que tendría para el Estado.

El ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, explicó que el proyecto definitivo todavía no está listo y que "lo está viendo el Presidente". Sostuvo que tendrá "muchísima información vinculada con la salud pública", del "daño evitable en salud, en muertes, en internaciones innecesarias". Y que lo importante es que salga con los "aspectos centrales" como la despenalización, la accesibilidad y el derecho a la información, indicó en diálogo con Clarín.

La mirada de la penalización judicial estará puesta en el personal médico y no en la mujer, principalmente en quienes practiquen un aborto y cobren por ello después de los tres meses de embarazo. También en quienes no cumplan con la ley cuando exista riesgo de vida para la mujer o mediase una violación.

Otra de las aristas del proyecto será que el aborto se podrá realizar hasta la semana 14 de embarazo. De acuerdo con Gonzáles García la intención está puesta en las mujeres que "llegan tarde, mal, que no tienen acceso". La realidad abarca un problema mayor, ya que "no es una pelea biológica del tamaño del embrión, es un problema de accesibilidad", definió.

La objeción de conciencia individual estará incluida, aunque por el momento se desconoce qué pasará con la institucional . Esto significa que un médico podrá negarse a realizar un aborto si se declara objetor, pero en esos casos, la institución médica debe proponer a otro.

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Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta señaló que "necesitamos tener un Estado que acompañe a las mujeres en el proyecto de vida que elijan".

En declaraciones a Ámbito, expuso que el envío del proyecto es parte de "un Gobierno que se hace cargo de una situación, ya que en Argentina hay entre 375 mil y 522 mil abortos clandestinos". Y que quienes tienen mayor riesgo de vida son las mujeres de menores recursos.

Por otra parte, sostuvo que esto "no se trata de alentar un proyecto u otro de vida, sino de tener un Estado que acompañe en el proyecto de vida que elijan, cuidándolas y dándoles herramientas e institucionalidad".

FOTO NA: DAMIAN DOPACIO.
FOTO NA: DAMIAN DOPACIO.