El gobierno se prepara para un verano intenso en el Congreso que, ya anticiparon, continuará funcionando mediante sesiones extraordinarias. Será el modo de mantener la iniciativa política luego de haber logrado el freno del dólar y una reducción sensible de la brecha cambiaria.

Luego de la aprobación mañana del Presupuesto 2021 mañana en el Senado, el oficialismo comenzará un raid parlamentario que lo mantendrá activo durante el tradicional periodo de receso.

En lo inmediato, el Frente de Todos confirmó que presentará en el Congreso la nueva fórmula para calcular los haberes jubilatorios. La misma se basará en una combinación de la recaudación y el índice salarial, sin contemplar la variable de la inflación. Diputados de JxC anticiparon su rechazo, mientras que la conducción de la CGT marcó sus diferencias con la propuesta.

Ligado a la reforma previsional para darle "sustentabilidad" a las cuentas públicas, el ministro Martín Guzmán enviará un proyecto al Congreso para que cualquier endeudamiento en moneda extranjera deba ser aprobado por el Poder Legislativo, al igual que los programas que se acuerden con el FMI. Es indudable que el titular del Palacio Hacienda quiere lograr un respaldo amplio a las medidas que deberá ejecutar para achicar el déficit.

A su vez, como parte de "ordenar las cuentas", desde el Ejecutivo negocia con los gobernadores un nuevo consenso fiscal que frenaría la baja de alícuotas. A cambio, el Gobierno les reclama a las jurisdicciones que desistan de los reclamos en la Justicia ante Nación. Esto pone en una situación particularmente incómoda al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en pleno reclamo ante la Corte Suprema por los fondos de la coparticipación.

A la par del consenso fiscal, el oficialismo tantea la posibilidad de una reforma tributaria que incorporaría también el demorado "impuesto a las grandes fortunas".

En Diputados, en tanto, se encuentra en comisiones la ley de etiquetado frontal de alimentos que viene con media sanción del Senado. Allí, el tema quedó a cargo de Cecilia Moureau, titular de Legislación general. El oficialismo enfrenta ahí el lobby de las azucareras.

Por otro lado, los dos temas que mayores polémicas implicarán son el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo y la suspensión de las primarias para el año próximo.

En el primer caso, se anticipa un debate que se extenderá durante varios meses, con un paso primero por la Cámara baja durante diciembre y en febrero en el Senado. En la primera, el oficialismo cuenta con los votos para su aprobación mientras que en el segundo deberá todavía sortear el rechazo de varios senadores propios.

En relación a la suspensión de las primarias para el año próximo, hay un proyecto del diputado mendocino José Luis Ramón y cuenta con el aval de los gobernadores. El planteo apunta a lograr un ahorro de 12 mil millones de pesos y evitar una vuelta electoral cuando todavía es incierta la evolución de la pandemia. La iniciativa presenta debates en la oposición entre quienes se inclina a un levantamiento de las PASO y quienes buscan mantenerlas como una forma de dirimir las candidaturas en Juntos por el Cambio.

¿Cómo serán las sesiones?

Un debate que también tendrá lugar en las próximas semanas será por la renovación para el protocolo de sesiones mixtas que vencen el 30 de noviembre. Actualmente, rige un mecanismo de mayor presencialidad de los diputados y senadores aunque con una gran cantidad de legisladores que sesionan en forma remota.

El pedido de la oposición, en función de la agenda que se aproxima y en paralelo a la mayor apertura de actividades con el fin del ASPO en AMBA, será de un retorno al recinto manteniendo la distancia requerida, un aspecto que tiene sus dificultades para implementarse en el hemiciclo y que requerirá algún tipo de combinación con la modalidad virtual, especialmente en aquellos casos de riesgo .