En un nuevo aniversario del Golpe de Estado que llevó al gobierno de facto de la Junta Militar el 24 de marzo de 1976, y ante la posición del Ejecutivo de Javier Milei de apelar a la "memoria completa" por los crímenes cometidos por las agrupaciones guerrilleras, el nieto recuperado número 77 y exministro de Ambiente, Juan Cabandié, cruzó la postura del oficialismo e hizo hincapié en la "gran diferencia" entre los ciudadanos que fueron "desaparecidos y asesinados" y los funcionarios de ese oscuro período, quienes fueron "juzgados".

Al ser consultado en CNN Radio por el periodista Nacho Girón sobre cuál era su postura respecto de los atentados llevados a cabo por grupos como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el capitán Humberto Viola y su familia -que el Gobierno anunció este lunes que reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un "crimen de lesa humanidad"- el también activista por los derechos humanos remarcó que lo importante es "lo que está establecido en distintos acuerdos internacionales" e incluso "en la Justicia internacional".

"Aquellos delitos que se han cometido por parte de grupos políticos con el uso de armas, deben ser juzgados", precisó para puntualizar: "Entonces, la gran diferencia es que aquellos que cometieron esos delitos previo o durante la dictadura, fueron asesinados y desaparecidos; y los que cometieron ese delito desde el Estado hoy son juzgados, en cárcel común, etcétera, pero con el derecho que le asiste a una persona que ha cometido un delito".

"En el caso de los que cometieron delitos en aquel tiempo, no tuvieron ningún derecho, porque fueron asesinados y desaparecidos. Esa es la gran diferencia", concluyó el hijo de secuestrados y nieto apropiado y recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Las declaraciones de Cabandié sobre la "gran diferencia" entre la dictadura y la democracia, en un nuevo aniversario del 24 de marzo (Video: CCN Radio).

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Durante un anuncio difundido esta mañana, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, reveló que "siguiendo la vocación de contar la historia completa", el presidente Javier Milei "reconocerá" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad".

Además, el vocero relató que los asesinos "de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80", y cuestionó que en 2008 "la Justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad". A su vez, recordó que la secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández tuvo la misma postura.

En contraposición, destacó que "habiéndose revisado los antecedentes del caso" el Ejecutivo libertario "decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada, ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70".

Tras asegurar que el Ejecutivo libertario "tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos" y subrayar que "contar la historia completa es una tarea crucial en este camino", el vocero sentenció: "Este 24 de marzo y todos los días, es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas".