El presidente Javier Milei ordenó desclasificar toda la documentación existente sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, confirmó este lunes el portavoz Manuel Adorni.

El anuncio se llevó a cabo a través de un mensaje grabado por el vocero desde la sala de prensa de la Casa Rosada, en el que afirmó que hasta ahora esa información fue utilizada como "botín político" de los diferentes gobiernos.

La decisión responde, según lo explicado, "al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años nunca fue implementado completamente".

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"Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) a la órbita del Archivo General de la Nación", añadió Adorni.

Asimismo, reveló que "siguiendo la vocación de contar la historia completa", el Gobierno "reconocerá" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad".

El Gobierno reconocerá ante la CIDH que "el atentado del ERP" a la familia del capitán Humberto Viola fue "un crimen de lesa humanidad" (Video: Presidencia).

"En este atroz atentado, ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptaron el auto en el que el capitán viajaba con su familia", relató el vocero y precisó que tanto Viola como su hija menor, María Cristina, de 3 años, fueron asesinados.

En tanto, la mayor de las niñas, María Fernanda, de 5, "resultó herida también de un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y sufrió ocho operaciones pero logró sobrevivir", mientras que la esposa del capitán, María Cristina Picón, quien estaba embarazada de cinco meses, "salió ilesa" y falleció en 2021 "después de pasar el resto de sus días bregando por justicia".

"Tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80", cuestionó Adorni antes de advertir que en 2008 "la Justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad". A su vez, recordó que la secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández tuvo la misma postura.

En contraposición, destacó que "bajo la presidencia de Javier Milei, y habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada, ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70".

Tras asegurar que el Ejecutivo libertario "tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos" y subrayar que "contar la historia completa es una tarea crucial en este camino", el vocero sentenció: "Este 24 de marzo y todos los días, es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas".