A 13 años de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que dejó un saldo de 51 víctimas fatales, la pérdida de un bebé por nacer y más de 700 heridos, los familiares y sobrevivientes realizaron este sábado un acto en la estación donde ocurrió el siniestro. En tanto, desde el Gobierno y diversos espacios políticos volvieron a pedir justicia. 

El acto en homenaje comenzó a las 8:33, horario exacto en el cual el tren colisionó, y contó con la presencia de Waldo Wolff, actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. 

"Fue un día tremendo, y ya son 13 años pero parece que fue ayer. Te vas de acá huyendo de los fantasmas. Creo que no se hizo justicia, porque la gente sigue viajando igual. Justicia hubiese sido que algo cambie", manifestó Noemí, madre de una de las víctimas, en diálogo con TN.

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En tanto, desde el arco político hubo distintas reacciones. La Unión Cívica Radical (UCR) recordó el hecho en X y publicó que hubo "29 imputados, 21 condenas y dos juicios", pero que, sin embargo, nadie se encuentra "tras las rejas" actualmente. "Justicia por las víctimas de la tragedia de Once. La corrupción mata", sentenciaron.

Por su parte, desde el PRO también señalaron esta misma última frase y manifestaron su acompañamiento a María Luján Rey, exdiputada del espacio amarillo y madre de Lucas Menghini, una de las víctimas, y a "todas las familias". "Seguimos exigiendo justicia", añadieron.

Por otro lado, Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia, comentó que el fatídico caso "desnudó un sistema de corrupción para enriquecer políticos y empresarios" y que "terminó de la peor manera". "El Estado como organización criminal, peor que la mafia", aseveró.

Además, Maximiliano Ferraro, legislador nacional por la Coalición Cívica, indicó que "no fue un simple accidente, sino la consecuencia de un sistema colapsado por la impunidad, la corrupción y la codicia, que convirtieron un servicio público esencial en una trampa mortal".

Actualmente, aquellos que continúan cumpliendo con una sentencia se encuentran en prisión domiciliaria o gozan de libertad condicional, por lo que ninguno permanece en la cárcel. El primer juicio, finalizado en diciembre de 2015 había sentenciado a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. 

En el segundo fue juzgado el ministro de Planificación de aquel entonces, Julio de Vido, quien recibió una pena de cinco años y ocho meses por administración fraudulenta.