Este martes, en la previa de las PASO, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados (Asuntos Constitucionales y Justicia) se reunirá para avanzar con el proyecto conocido como “Ficha Limpia”, el cual establece que aquellas personas que fueron condenadas por delitos relacionados a la corrupción no puedan presentarse en las elecciones.

A tan pocos días de las primarias y (pocos meses) de las generales, en caso de ser aprobada, la iniciativa no contemplará los comicios de este año, sino que sería aplicada, recién, en las legislativas de 2021.

En diálogo con El Canciller, Carlos March, director de la Fundación Avina y participante de los paneles previos en el Congreso, explicó que "la Argentina es uno de los países latinoamericanos que tiene corrupción estructural a nivel institucional. Frente a esto, necesitamos transparencias sistémicas, es decir, una bateria de normativas que garanticen la institucionalidad para revertir los marcos de corrupción".

Tras ser tratada en comisión y luego en la Cámara de Diputados, el proyecto debería llegar al Senado con media sanción. "La dirigencia y la corporación política nos debe una norma de esta característica,  sino seguiremos incapacitados como sociedad para romper esta corrupción electoral. Es una herramienta para que la política se autodepura", agregó March.

Petición ciudadana y los antecedentes

El proyecto llegó al recinto luego de que al menos 250.000 personas firmaran una campaña en la plataforma Change.org, pero no se trata de una iniciativa nueva (hay seis similares). En 2017, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había logrado un dictamen, pero nunca llegó a tratarse en el recinto porque perdió estado parlamentario.

La situación cambió: en ese entonces, el kirchnerismo no fue suscripto y el Frente Renovador apoyó la idea. Hoy, el espacio conducido por Sergio Massa volvió a las filas del Frente de Todos por lo que resta saber qué posición tomarán en este tema.

Más allá del 2017, varios legisladores de diferentes bloques (Evolución Radical, la fuerza de Martín Lousteau, y por Graciela Camaño, ex Frente Renovador) presentaron iniciativas similares, aunque ninguna prosperó. Este sería el primer proyecto que alcanzaría un dictamen consensuado con los principales puntos de los últimos presentados.

En Brasil, la normativa rige desde 2010 e impidió la postulación de "Lula" Da Silva (detenido en 2018 acusado de corrupción) a un tercer mandato presidencial. En nuestro país hay casos emblemáticos de funcionarios condenados: el senador Carlos Menem, por contrabando de armas a Croacia y Ecuador; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hoy candidato a diputado; o el caso de Daniel Ruiz, candidato a legislador por el Frente Izquierda Unidad, detenido en la cárcel de Marcos Paz por haber disparado un mortero casero frente al Congreso Nacional a fines de 2017.

Delitos

Cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; y fraude en perjuicio de la administración pública, son algunos de los delitos que menciona el proyecto.

Un detalle: contempla a aquellas personas que hayan sido condenados en segunda instancia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.