Luego de que el presidente Javier Milei postulara a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nominaciones que deberán ser respaldadas por el Senado, el constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la decisión y apuntó contra el primero de los propuestos: "Es el sinónimo de la corrupción y de la impunidad". 

Al ser consultado respecto de la elección oficial para el cargo en el Máximo Tribunal, el jurista respondió: "Me tomó por sorpresa. Yo nunca me imaginé en mi vida que Ariel Lijo iba a ser propuesto para la Corte Suprema".

"Si alguien ha sido, desde que fue designado por (Néstor) Kirchner en el 2003, alguien que realmente se encargó de los trabajos más sucios para tapar la corrupción en diversos casos, inclusive si pensamos en (Amado) Boudou, en (la causa) Ciccone y todos los casos tan resonantes que en su momento exigieron el estrépito público, allí estuvo Lijo", puntualizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esa línea, concluyó: "Pensar que este hombre puede llegar a la Corte Suprema, me da escalofríos". 

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La elección de quienes reemplazarán a Elena Highton de Nolasco -que renunció en 2021- y a Carlos Maqueda -quien dejaría su puesto en diciembre, al cumplir 75 años- fue confirmada el último miércoles por la Oficina del Presidente, que en comunicado remarcó que el jefe de Estado los propuso "cumpliendo su mandato constitucional".

Ambas postulaciones aún dependen del respaldo de la Cámara alta para hacer efectiva su incorporación al órgano máximo del Poder Judicial de la Nación.

"Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos", sostuvo el comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

El texto oficial indicó, asimismo, que el juez federal Lijo tuvo una "prominente carrera judicial en el ámbito penal".

Actor central de los tribunales de Comodoro Py, el magistrado ha tenido en sus 19 años como juez federal mucha resonancia por causas de alto perfil político, que van desde el caso Ciccone -por el que envió a la cárcel a Boudou- hasta uno relacionado al pago de coimas en Siemens, el encubrimiento del atentado a la AMIA y otro proceso ligado al Correo Argentino, donde se denunció como perjudicial un intento de acuerdo del Estado con la empresa perteneciente a la familia de Mauricio Macri, expediente que todavía se encuentra abierto.