Se cumplió un mes de la desaparición de Loan: 7 detenidos, una trama oscura y más dudas que certezas
¿Quién es quién en este dramático caso que ha conmovido y atravesado a la opinión pública? ¿En qué instancia están las investigaciones y cuál es la situación de cada uno de los imputados por la Justicia?
El pasado 13 de junio, la pequeña localidad correntina de 9 de Julio vio alterada su aparente tranquilidad con la misteriosa desaparición de Loan Peña, un niño de 5 años al que se vio por última vez en el Paraje Algarrobal, donde había acudido con su padre para compartir un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. A un mes de aquella trágica tarde, la causa, orientada hacia la trata de personas y que se mantiene bajo secreto de sumario, tiene siete detenidos -cifra que podría aumentar de un momento a otro-, una oscura trama con implicancias políticas y, sobre todo, más dudas que certezas.
A las 9 de la mañana de aquel jueves, al parecer sin aviso, José Peña, padre del menor, se dirigió a la casa de su madre junto a su hijo, quien no solía verla. Después de un par de horas de viaje a caballo, llegaron al Paraje Algarrobal, pero la abuela del nene no estaba sola. En el almuerzo participaron, además, su hija Laudelina Peña; el esposo de esta, Antonio Benítez; Camila Peña, prima política de Loan; y dos matrimonios, el compuesto por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y el que integran Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
En la precaria vivienda estaban, asimismo, algunos primos del niño, también menores de edad, excepto Macarena, una de las hijas de Laudelina, de 21 años.
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La reunión transcurría sin inconvenientes, hasta que un aparente paseo con sus primos, tíos y conocidos de la familia hacia un naranjal situado a unos 600 metros de la casa desató la tragedia en la vida de Loan.
Según la versión que ha sostenido José, él se quedó en la sobremesa con su madre, Pérez y Caillava, mientras el resto de los comensales, salvo Macarena y su hermana menor -quienes se fueron a dormir-, se trasladó cerca de las 14 hacia el patio de la casa junto a su hijo, al que ya no volvió a ver.
Los siete detenidos y el "avance" de la causa
Las primeras tres detenciones en el caso se produjeron el sábado 15 de junio, cuando la Justicia provincial ordenó los arrestos de Benítez, Ramírez y Millapi, al parecer los tres adultos con los que Loan y los demás niños caminaron hasta el naranjal, y, por lo tanto, quienes lo habrían visto por última vez.
Durante la primera semana de investigación, el foco estuvo centrado en el extravío del pequeño, motivo por el cual los rastros hallados en la zona rural, como un botín de Loan, nunca fueron analizados en el contexto de posible trata de personas o de accidente, dos hipótesis que trascendieron con el transcurrir de la pesquisa.
Ocho días después de la desaparición, la Justicia ordenó la detención de Caillava y Pérez, un matrimonio conocido de la abuela Catalina y de la localidad entera, ya que la mujer era -hasta ese momento- funcionaria de la municipalidad y el hombre es un exmarino.
Esta medida se debió a que la camioneta Ranger y un auto Ford Ka de la pareja habían dado positivo de rastros de Loan tras las pericias realizadas con la colaboración de perros entrenados.
Al día siguiente, el nuevo detenido fue Walter Maciel, el temido comisario de 9 de Julio que había liderado la búsqueda del menor.
Con los elementos recaudados, que indicaban que Loan había sido raptado para la trata, el lunes 24 de junio los fiscales provinciales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo dictaminaron las imputaciones de los seis detenidos.
A Caillava y Pérez se los responsabilizó por ser coautores del delito de captación de personas con fines de explotación, mientras que a Benítez, Millapi y Ramírez se les adjudicó su participación primaria en el hecho. Maciel, por su parte, fue imputado por encubrimiento, agravado por ser funcionario público.
Tras determinar las imputaciones, y al establecerse el delito de trata de personas, Barry y Castillo se apartaron de la, cuanto menos, desprolija investigación y le giraron la causa a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y al fiscal Mariano de Guzmán.
Hace dos semanas, un llamativo testimonio dio un giro al caso: acompañada por el abogado José Codazzi, con supuestos vínculos con el poder, la tía Laudelina viajó "entre gallos y medianoche" a la capital correntina y declaró a un fiscal provincial que, aquel 13 de junio, Loan había sido atropellado por la camioneta de Pérez y Caillava, y posteriormente enterrado en el monte. También señaló que el matrimonio la había amenazado para que no contara el hecho a su familia.
Tras filtrarse esa versión, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, salió a "celebrar" la aparente resolución del caso en sus redes sociales. Seis días después, Pozzer Penzo, después de tomarle declaración, dispuso la detención de Laudelina por sustracción, alteración de evidencias, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos. Horas más tarde, dispuso su traslado al penal federal de Ezeiza, donde permanece alojada desde entonces.
En los últimos días, otros dos testimonios provocaron nuevos cimbronazos en el expediente. Camila Peña, quien tiene la convicción de que su hija era el objetivo primario de los secuestradores, desmintió a Laudelina ante la jueza federal, y lo mismo hizo Macarena, quien contó que su madre y ella habían sido obligadas -bajo amenaza- por el abogado Codazzi a instalar judicialmente la versión del accidente, a cambio de una casa y una moto.
Mientras las fuerzas federales terminan de peritar 19 celulares de los imputados y de analizar posibles rastros de Loan en los múltiples allanamientos que se llevaron a cabo desde que comenzó la pesquisa, el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, renunció el viernes a su cargo.
La dimisión se produjo en la misma jornada en la que Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia de Loan, anunció que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py a Valdés por encubrimiento agravado, además de pedir la detención de Macarena.
"¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, en la que senadores, gobernadores y funcionarios policiales están involucrados?", sostuvo el letrado, antes de considerar que el caso "es inmanejable".