La Fiscalía a cargo de Guillermo González ordenó la imputación y detención de cinco integrantes de la Policía de Córdoba -de los cuales cuatro ya fueron arrestados- por el homicidio de Guillermo Bustamante, quien falleció tras ser golpeado dentro de un móvil de esa fuerza de seguridad en la madrugada de este lunes, en el barrio de Villa Páez. Previamente, la víctima había protagonizado una discusión con un playero en una estación de servicio, al no contar con el dinero suficiente para pagarle la carga de combustible. 

Los implicados son el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín, acusados de "homicidio calificado por abuso de sus funciones como miembros de las fuerzas policiales, en calidad de co-autores"; el inspector Walter Perfumo, apuntado por "encubrimiento doblemente agravado", y el sargento Mariano Córdoba, señalado por "omisión de los deberes de funcionario público".

González manifestó que había "imágenes" que comprometían a los implicados, donde se "ve claramente lo ocurrido". A su vez, explicó que los agentes incurrieron en una "aplicación incorrecta de los protocolos", en diálogo con Perfil. Se espera que los sospechosos sean citados a declarar esta semana.

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Vecinos se acercaron al lugar de los hechos para pedir justicia (Video: redes sociales).

"No descansaré hasta que paguen los culpables", expresó ante medios locales, por su parte, Agustina Escotorin, viuda del hombre de 39 años, y quien tenía un hijo de cinco. La mujer fue una de las testigos del hecho, dado que el hombre la llamó para teléfono para que se acercara a la estación de servicio con los $10.000 que le debía al empleado de la estación.

"Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías, mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran. Yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso", había relatado el mismo lunes, en una entrevista con El Doce. 

Por otro lado, el playero indicó que cuando la Policía lo quiso reducir, "se puso violento" y no se dejó "agarrar". "Empieza a gritar que le quieren sacar la plata. Llegan más móviles a colaborar. Cuando ven que no lo pueden reducir entre cuatro, llaman al Departamento de Unidades de Alto Riesgo", comentó.

Asimismo, el abogado de la familia reveló el secuestro de "material fílmico de la estación de servicio y de cámaras de los alrededores", relacionadas con "las medidas de prueba y preservación de prueba ordenadas por la Fiscalía". "La Policía debe generar libertades, no violencia", aseveró.