El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro encaró este jueves la cuarta audiencia del juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona, en una jornada en la que declararon dos médicos que asistieron al astro futbolístico aquel 25 de noviembre de 2020 en la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde se encontraba bajo internación domiciliaria.

En el primer turno Collin Campbell Irigoyen, un médico vecino del country, manifestó que al llegar no le encontró "ni pulso" ni "respiración" y que estaba "hace un tiempo sin signos vitales", con sus "brazos flojos" y con una "inflamación notable".

"No pude hacer más nada porque no contaba con ningún otro medio para actuar", agregó. A su vez, aseguró que estaba muerto hacía más "de una o dos horas" y que cuando arribó, la temperatura que tenía el cuerpo no se condecía con lo que le habían relatado las personas que se encontraban en la casa previamente.

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"Llegó un médico con una ambulancia y un botiquín. En ese momento corrimos la cama. Yo me fui para la cabecera de la cama, y me encontré con una rigidez mandibular y por eso no pude intubar. El doctor intentaba con el desfibrilador para ver si había respuesta eléctrica", añadió.

Por otro lado lado, Juan Carlos Pinto -especialista en emergencias médicas y quien realizó el certificado de defunción- reveló que al llegar había "una persona que estaba haciendo compresiones en el pecho" y otra "respiración boca a boca".

"Continué con las reanimaciones y traté de ponerle una cánula intrabronqueal y no se pudo. No tenía actividad eléctrica, pero seguimos dándole oxígeno. El paciente tenía signos de muerte y frenamos el protocolo. A los 15 minutos fui a entrevistar a los familiares que habían llegado", indicó. 

"Estaban las tres hijas y Claudia. Les fui a decir que el paciente había fallecido. Ellas empezaron a decir que no, que había que llevarlo a una clínica y no podían aceptar que había fallecido. Les dije que siguieran haciendo que reanimaban, pero el paciente estaba muerto", declaró.

Ambos testigos fueron propuestos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quien apunta al neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón y su jefe Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; y la jefa coordinadora de una prepaga Nancy Edith Forlini como responsables del presunto delito de "homicidio simple mediante con dolo eventual" del "10", al que le corresponden penas de entre ocho y 25 años de cárcel.