Tras la detención del presunto autor del atentado con explosivos a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Justicia Federal mantiene dudas sobre su vinculación con el caso y señaló que "no encajaría con el perfil", aunque permanecerá privado de su libertad. En tanto, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, rompió el silencio y advirtió que el ataque "es un sacudón fuerte".

Pese a los reparos respecto de la responsabilidad de Alberto Santiago Soria en el envío de la carta que explotó el jueves pasado en la sede del organismo que nuclea a los principales productores agropecuarios del país, el agente inmobiliario de 40 años seguirá detenido, a la vez que el juez Daniel Rafecas dispuso el secreto de sumario en la causa.

En cuanto a las dudas sobre su vinculación con el violento episodio, fuentes judiciales revelaron a la agencia Noticias Argentinas que, en principio, "la identidad del sospechoso y la autoridad intelectual no encajarían con el perfil".

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Por su parte, Pino, quien era el destinatario de la encomienda que explotó, afirmó este domingo en declaraciones a radio Mitre que no recibió "ningún llamado de ninguna autoridad del Gobierno, ni de la Nación ni de la Ciudad" que le diga "quién es este tipo", y agregó: "La verdad que no tenemos ni idea de por qué nos tocó pasar por el momento que nos tocó pasar".

En este marco, destacó que el organismo que preside "es una de las entidades más antiguas de la Argentina" y advirtió: "Que suceda algo en La Rural es un sacudón fuerte dentro del ámbito de la sociedad". Asimismo, aseguró que su secretaria, que fue quien abrió el paquete, "está muy bien" e indicó que "le podría haber hecho daño en serio".

Como parte del avance en la investigación del atentado perpetrado el pasado 5 de septiembre en la sede de la SRA, Rafecas ordenó el sábado la detención de Soria, apuntado como el principal sospechoso, quien fue aprehendido durante la madrugada en un allanamiento en su domicilio, situado en el barrio porteño de Floresta.

Según fuentes cercanas a la causa, su identificación fue posible gracias al análisis exhaustivo de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del lugar del ataque, así como al rastreo de su trayecto utilizando dos líneas de colectivos y el estudio de los usuarios de tarjetas SUBE. 

Los mismos informantes dieron a conocer que los investigadores del ministerio Público Fiscal de la Ciudad efectuaron un estudio antropométrico del rostro y de su postura corporal, pese a que fuentes judiciales sostienen ahora que "no encajaría con el perfil".