La encrucijada de la reforma judicial

No hay pruebas pero tampoco dudas. Si la reforma judicial es aprobada sin ningún cambio, los integrantes del maravilloso mundo jurídico llevarán todo hacia el lugar que mejor conocen: Tribunales. Ese fue el mensaje que, entre líneas, transmitieron cada una de las personas que se sentaron (de manera virtual) frente a las comisiones del Senado que debaten el proyecto.

La resistencia judicial no sorprendió al Ejecutivo, que lógicamente se la esperaba y hasta le sirve en pos de construir su propia batalla, posicionándolos como los malos que se resisten a cualquier tipo de cambio. Lo que sí generó cierta inquietud fue que ciertos sectores (organizaciones sociales, jueces más cercanos) criticaran el punto central: la fusión de Comodoro Py con Penal Económico y la creación de más juzgados. La idea de licuar el poder de los federales pasándolos de 12 a 46 fue cuestionado debido a la posibilidad de que el gen Comodoro Py lo invada todo en lugar de calmarse o perderse.

[REFORMA JUDICIAL] Losardo aclaró que el Gobierno está dispuesto a discutir modificaciones, "pero en cosas que enriquezcan el proyecto". pic.twitter.com/oP2UJ0rzzn

— ElCanciller.com (@elcancillercom) August 5, 2020

En lo técnico, a los especialistas les pareció una idea poco efectiva la multiplicación de juzgados: si la idea es ir hacia un sistema acusatorio, donde los y las fiscales son estrellas, ¿para qué tantos jueces y juezas? En el oficialismo ensayaron una respuesta que no convenció a nadie: los jueces tendrán que estar en todos los actos porque el sistema pasará a ser 100% oral y no podrán ser reemplazados por secretarios/as como hacen ahora. El sistema acusatorio es la otra gran perla del proyecto: nadie puede discutirla en voz alta pues la oralidad y la transparencia son las dos grandes cuestiones que todos piensan que hay que mejorar dentro del sistema judicial. El problema será ponerlo en marcha en una estructura reacia a los cambios y con personas que aman el papel y el secretismo.

En Retiro, decidieron no hacer públicas las críticas. Se consideran un chivo expiatorio de todos los gobiernos y de todos los partidos. El lugar donde hasta ahora van los dirigentes cuando quieren complicarle un poquito la vida a su rival o simplemente ganarse la tapa del diario amigo. No niegan el tiempismo que muchas domina las decisiones pero sostienen que son “casos aislados”. “No todos somos Oyarbide”, marca un juez que hace varios años mira de lejos los principales conflictos en Py.

Es cierto que el fuero ha cambiado: de la gran camada de los 90 sólo queda María Romilda Servini. Después hay un mix entre los nombrados por Néstor Kirchner, los que bendijo Cristina y la única representante que Mauricio Macri nombró: María Eugenia Capuchetti. Apuntada ahora desde el kirchnerismo por su pasado de familia judicial y unas visitas a la AFI cuando era funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la jueza se quedó con una causa netamente política donde se investigan los posibles chanchullos que pudo haber cometido la famosa mesa judicial macrista. La magistrada no quería el expediente y había logrado mantenerse por debajo de la línea de fuego pero una decisión del siempre odiado Martín Irurzun (el creador de la mal llamada doctrina que lleva su nombre y que permitió el encarcelamiento preventivo de dirigentes) la puso en ese lugar.

Hace algunos días, el oficialismo planteó que estaba abierto a escuchar y debatir cambios en el proyecto. Nada tiene que ver con la resistencia judicial sino más bien por una cuestión político-numérica: en el Senado, los votos alcanzan como para aprobar todo sin modificar una coma. En Diputados, la cuestión es compleja: el Frente de Todos no alcanza el quórum y los representantes de oposición lanzaron ya la advertencia: si pasa sin debate, acá se frena.

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El problema radica ahora en qué cambios puede introducir el oficialismo que hagan felices a ciertos sectores opositores pero que no rompan la estructura de uno de los proyectos que Alberto Fernández considera como vitales. ¿Hay negociación posible si el discurso se mantiene en la línea de “la reforma es para garantizar la impunidad”? Si el proyecto queda congelado a la espera de grandes consensos, Juntos por el Cambio lo tomará como bandera: “paramos la reforma que venía a avasallar la independencia judicial”.

Si el sistema judicial es efectivamente el Poder con peor imagen, ¿por qué parece blindado? ¿Por qué cada modificación es vista como un intento de dominarlo? ¿Por qué la estrategia de todos los gobiernos para encarar cambios estructurales siempre es vista como un ataque? Más allá de la grieta, hay una respuesta: los gobiernos pasan, los jueces quedan.