El fiscal federal Sergio Mola pidió este jueves que se cite a declaración indagatoria a Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, antes de decidir si lo convoca, el juez federal Ernesto Kreplak lo intimó para que en 10 días justifique su patrimonio. La investigación se encuadra en el caso conocido como "yategate", iniciado en octubre de 2023 con la aparición de fotos del exintendente de Lomas de Zamora junto a Sofía Clerici en una embarcación de lujo.

En ese entonces, en pleno proceso electoral, la modelo compartió en su cuenta de Instagram imágenes de ambos mientras viajaban por el mar Mediterráneo en un yate llamado Bandido y tomaban champagne luego de alojarse en un exclusivo condominio de Marbella, por lo que se estima que pagó al menos 40.000 euros.

En este sentido, Mola presentó junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, un documento que repasa todo el patrimonio de Insaurralde. Allí, detalla los 75 viajes que el exjefe de Gabinete bonaerense realizó al exterior; la compra de propiedades mediante testaferros y el uso de autos que no están a su nombre, entre otras operaciones.

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Además, el fiscal prepara informes sobre la presunta participación de su expareja Jesica Cirio y de Clerici en las maniobras de lavado y enriquecimiento ilícito. En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) prepara su propio requerimiento.

Esta es la primera etapa de la imputación de Mola, quien pidió indagar también a los hijos del exfuncionario, Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde; a su ex esposa Carolina Álvarez, y a Gastón Barrachina y Víctor Donadio, a quienes considera como sus presuntos testaferros. 

Para el fiscal, todos ellos ayudaron a poner en circulación "fondos provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde evidenciados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con sus ingresos lícitos".

Asimismo, el documento concluyó que los gastos del exintendente "no se corresponden con sus ingresos legítimos como funcionario público", y advirtieron que el monto sin justificar ascendió entre 2009 y 2023 a $10 millones.