Cuando Lázaro Báez llegó al penal de Ezeiza, las imágenes de “La Rosadita”, donde su hijo, su contador y otros hombres contaban mucha plata ya se habían difundido. El gobierno de Mauricio Macri todavía estaba en su luna de miel y tomó la detención como una victoria contra la corrupción. Después vendrían más detenciones preventivas en diversas causas, supuestos arrepentimientos que nunca se dieron y arrepentidos que pactaron de manera poco sutil con ciertos sectores políticos y judiciales.

Cuatro años y cinco meses después, con un juicio en su instancia final y varios más sin fecha todavía, Lázaro aún está detenido sin una condena en su contra. En Argentina, el límite de la prisión preventiva es dos años, con la posibilidad de prorrogarla un año más. Pero puede haber excepciones, evidentemente.

La salida de Baéz de la cárcel comenzó hace tiempo aunque nadie podía imaginar que derivaría en la locura colectiva de acostarse frente a un móvil del Servicio Penitenciario Federal o de salir con una maza a estallarle el vidrio para impedir que ingrese a un country de Pilar. El empresario reclamó varias veces su excarcelación y también la prisión domiciliaria. Sin embargo, la pandemia por coronavirus fue la que lo ubicó más cerca de lograrlo. Más de 60, en preventiva, con enfermedades pre-existentes. Imputado por delitos graves, si, pero no violentos. Entraba en las recomendaciones nacionales e internacionales sobre qué personas detenidas podían llegar a ser alcanzadas por una domiciliaria.

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En Tribunales, nadie quería firmar esa resolución. Así pasaron dos meses entre la Cámara de Casación (el lugar más importante del país para las causas penales) y el Tribunal Oral Federal 4 tirándose la responsabilidad. En el medio, hubo una caución millonaria (una especie de garantía) cotizada en dólar MEP; un primer piquete en el country; y finalmente la decisión de Casación de marcarle la cancha a los jueces del Tribunal que no querían firmar ni la domiciliaria ni mucho menos la excarcelación. La resolución de sacarlo de Ezeiza iba a ser leída en términos de “impunidad” por cierto sector de “la gente”. Iban a hablar de puerta giratoria, del siempre zafan.

Lázaro no zafó. Tiene una resolución judicial que le otorga una domiciliaria bajo el control del Estado a través de una tobillera electrónica. Lázaro seguirá en juicio, un debate que probablemente termine en condena para él en los próximos meses. Enfrentará en ese momento la instancia de revisar esa condena mientras tendrá que enfrentarse a otros debates que seguramente comenzarán entre 2021 y 2022. Tiene prácticamente todos sus bienes embargados judicialmente.

Sin embargo, la idea y la sensación de impunidad están. Y el problema no es sólo judicial, aunque por supuesto hay allí gran parte de la responsabilidad. Es una falla del sistema: si hay condena, los jueces fueron comprados o tardaron mucho en hacerlo. Si hay absolución, es porque fueron comprados pero del otro lado, porque no quisieron condenar, porque son cómplices. La confianza está rota. El análisis, también. Nadie se detiene a leer un argumento y el debate público se da sin ellos. La domiciliaria, en este caso, fue leída como libertad y como el fin de la persecución penal, algo que está lejísimo de la realidad.

Toda la situación fue fogoneada, por supuesto, por cierto sector opositor, quiénes consideran a Lázaro Báez como el testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, como alguien que no tiene derechos y que ya está condenado desde siempre. Ya es culpable y cualquier cuestión que contradiga esa supuesta verdad es tildada de cómplice de un ladrón. Pero aunque Báez fuera el peor de los ladrones, el corrupto más grande de todos, todavía tiene derecho a defenderse y a no estar detenido en un penal si hay una resolución que le otorga una detención en su casa.

El sistema judicial falla en no poder garantizar que un expediente llegue a una sentencia en un tiempo lógico. Falla en no explicar porqué a veces eso no es posible. Falla en la falta de transparencia y también en lo dificultoso que es leer sus argumentos. Y esas fallas son reproducidas y aprovechadas por la grieta política: ante la imposibilidad de un debate en términos políticos, los ídems se tiran con expedientes.

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Hay un error que se repite en casi todas las causas; en muchísimas coberturas periodísticas y en prácticamente todos los análisis políticos: una investigación con cierto grado de verosimilitud en Argentina es sinónimo de culpabilidad. El principio de inocencia es cosa de garantistas: así como no hace falta una condena firme para considerar a Lázaro corrupto, tampoco es necesario una para tildar a ex ministros macristas de ladrones.