El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó este martes una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, denunciado por "crímenes de guerra y de lesa humanidad" entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, durante su Gobierno y en el marco del combate contra la guerrilla.

El funcionario promovió la investigación por el principio de la "justicia universal" y con el objetivo de que los delitos "denunciados no queden sin castigo para todos sus responsables", conforme a la denuncia que había impulsado en los tribunales de Comodoro Py un grupo de familiares de las víctimas.

Según la denuncia, Uribe Vélez "habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido" crímenes de lesa humanidad, “con un saldo de 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano”.

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De acuerdo al dictamen de Stornelli, los denominados “falsos positivos” habrían sido inscriptos de esta manera “en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado”.

Los casos denunciados corresponden a los asesinatos de Luis Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández y Didier Eduardo Durant Badillo; además de otras “siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas”.

“La radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos, para investigar y juzgar una presunta responsabilidad penal por hechos acaecidos en territorio de otro Estado, fue fundada en el principio de jurisdicción universal”, apuntó el fiscal.

En esta misma tónica, Stornelli explicó que “de acuerdo al referido principio, los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos”.

El expresidente colombiano, según indica la denuncia, puso a “amplios sectores de la población como objetivos de la persecución estatal en virtud de la amplitud que se concede a la noción de ´aliados´, ´simpatizantes´, ´colaboradores´ o ´cómplices del terrorismo´”.

La causa fue presentada con la orden 3937/2023 ante el juzgado federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos.