Desde que los ministros de la Corte Suprema hicieron lugar al recurso de per saltum interpuesto por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, a fines de septiembre, tuvieron una agenda agitada. Después de esa decisión que acrecentó la grieta -invisible- que existe entre el Máximo Tribunal y el Poder Ejecutivo, resolvió casos complejos, como el de Cristina vs. Google, y todavía le queda la pelea por la coparticipación.

Está pendiente si los supremos resuelven darle luz verde a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en sus reclamos, es decir, que continúen en sus cargos pese a la decisión del Senado de dejar sin efecto sus traslados (por la falta de acuerdo durante la era M). O pueden estar a favor del decreto presidencial que los devuelve a los jueces a sus cargos originales. La resolución develará si la Corte pone paños fríos a su vínculo con el Gobierno o lo incinera.

Este martes se esperaba el dictado de la decisión final, pero en los últimos dos acuerdos no lograron un consenso. Y esta situación se repitió ayer. El cuarto piso del Palacio de Justicia, donde se ubican los ministros, mantiene contacto permanente con el Gobierno. "Los están midiendo".

A diferencia del fallo dictado para los jueces de la Cámara Federal y el Tribunal Oral Federal, los ministros rechazaron por unanimidad el salto de instancia de Google LLC en el juicio iniciado por la vicepresidenta. La demanda la presentó luego de que el motor de búsqueda en vez de describir su cargo publicara la leyenda "Ladrona de la Argentina".

La vicepresidenta podrá entrar a los servidores de la compañía para garantizar que no se altere ninguna información que se haya elaborado con el fin de perjudicarla. Una pequeña victoria de Cristina Fernández de Kirchner regalada -curiosamente- por la Corte.

Recursos: ¿sí o no?

Además de rechazar el pedido del gigante tecnológico, negó dos recursos de hecho interpuestos en dos causas distintas. Una lo presentó la defensa de Eduardo Novillo Astrada en un juicio en donde se investiga el pago de sobreprecios por el Estado, de alrededor de $120.000.000, vinculados con la contratación de servicios informáticos entre la DGI e IBM Argentina en 1994.

El otro caso que se negó a resolver es el de Alberto Miguel Szpolski. En el expediente se investiga la cesión de un boleto de compra venta sobre un inmueble adquirido por la Fundación Banco Patricios, cuando esa sociedad estaba en cesación de pagos.

Sí resolvió por unanimidad y absolvió a Jorge Enrique González Nieva, taxista de profesión, por robo con homicidio resultante y portación de arma de guerra. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón lo había condenado a 25 años de prisión. De esta manera, la Corte se mostró cercano a los derechos de un ciudadano que la Justicia los había avasallado.

El hombre pasó casi 14 años en prisión por un crimen que no cometió. Era una causa armada por la connivencia policial y del Ministerio Público Fiscal. El expediente llegó a la Corte por recurso de queja y el Máximo Tribunal entendió que la condena que pesaba sobre González Nieva desconoció las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y de presunción de inocencia. Vitales para un proceso judicial.

Además, aclaró (y apuntó contra los jueces) que esas falencias no fueron tenidas en cuenta por la Sala II del Tribunal de Casación Penal y, después, por la Suprema Corte de Justicia bonaerense al confirmar la pena. La decisión de los supremos sentó una jurisprudencia importante de destacar.

Sin embargo, la comunión de votos se rompió en la resolución que tomó en la causa HSBC Bank Argentina S.A. contra Silvina Magalí Fajardo sobre secuestro prendario. Acá se visibilizó nuevamente el trío de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, que dejó sin efecto una sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial.

¿Divisiones también en el futuro?

El que estuvo -y está- siempre en pie de guerra con el Gobierno nacional es el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Su llegada al tribunal es más que conocida, en principio, a través de un decreto de Mauricio Macri. Al asumir el cargo dejó su estudio jurídico y sus clientes como el Grupo Clarín.

Al emitir Rosenkrantz su voto en el caso de los tres jueces, lo hizo solo y se alejó de la mayoría automática peronista -Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- y a Elena Highton de Nolasco. Esta última corre riesgo de abandonar su silla por la edad. La grieta entre los judiciales también existe.

El fallo sobre el per saltum de Bertuzzi, Bruglia y Castelli despertó críticas y halagos para con los ministros. Sin embargo, al único que le pidieron el juicio político después (por otra causa) fue a Rosenkrantz. La legisladora Vanesa Siley renovó el pedido en su contra que había presentado el 25 de septiembre por la posición del presidente de la Corte a favor del 2×1 en causas de delitos de lesa humanidad. Los juicios por esos crímenes continúan pendientes de resolución.

"Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos", se defendió el juez y afirmó que vivía una "campaña de desprestigio" en su contra.

Rosenkrantz está solo en un poder acostumbrado a los amigos. En la vereda opuesta se ubica Lorenzetti, que dejó de ser presidente del Máximo Tribunal luego de la jugada que lo desplazó para entronar a su, desde entonces, adversario. El próximo año podrá tomarse revancha porque hay una nueva votación. Las divisiones puede que favorezcan al Gobierno nacional en la disputa que tienen por la coparticipación con la Ciudad.

Sigue pendiente la acción de amparo que presentó Horacio Rodríguez Larreta, a través de la cual se pide la inconstitucionalidad del decreto 735/2020. La decisión judicial traerá consecuencias políticas y economías, más disenso entre el oficialismo y la oposición, y nuevas críticas y defensas a los supremos. Pese a que el 2020 está a punto de terminar, le queda por resolver a la Corte Suprema la causa más importante del año. ¿Habrá unanimidad o los conflictos persistirán?