“A veces me elevo, doy mil volteretas”. Si el per saltum fuera una tema musical, probablemente estaría reflejado en la oración que abre este análisis. La Corte decidió pero no lo hizo del todo. Planteó algunas cosas, algunas pistas pero no definió sobre lo que se denomina el fondo de la cuestión: los famosos traslados del trío Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Un per saltum es básicamente un salto de instancia. Pasar por arriba del camino jurídico lineal y llevar un reclamo directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay en nuestra historia reciente muchos per saltum aceptados: el último fue el que involucró a la reforma judicial que intentó llevar adelante Cristina Fernández de Kirchner en 2013. Eso terminó con una declaración de inconstitucionalidad.

¿La aceptación significa que los jueces van a volver a los lugares de los que salieron eyectados luego de la decisión del Senado de dar de baja los traslados? Pues no. Están en este momento en una especie de limbo jurídico, a la espera de la decisión que va a tomar el Máximo Tribunal. ¿Por qué decide meterse a resolver esto? Allí están las diversas interpretaciones, comentarios y dudas que surgieron desde el momento en que se conoció esta resolución.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatt sostuvieron que “está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”. Marcan que la forma más fácil de resolver este pleito es ponerse ellos al frente de la cuestión. ¿Le dan con ese argumento la razón a los trasladados? Por ahora, no. Dicen expresamente que no hablarán del fondo hasta que sea el momento de hacerlo pero si suspenden el primer fallo negativo que tuvieron los trasladados. Hacen, sin embargo, una aclaración: ese congelamiento afecta únicamente a esa sentencia. No abarca la actuación del Senado ni tampoco la decisión de Casación de despejar los lugares para que vuelvan los tres allí. De allí que estén en un limbo de no saber adonde deben reportarse

Lo que si hace la Corte es mandarle un mensaje al Consejo de la Magistratura: no solo debe contestar en 48 horas qué opina del tema en cuestión (previsible) sino que le dice "no podes moverte para reemplazar los lugares que ocupaban hasta hace algunas semanas los trasladados". Esto es porque hay un concurso para ocupar los cargos de la siempre influyente Cámara Federal y estaba previsto que pudieran anexarse los lugares que ¿dejaron? Bruglia y Bertuzzi.

En el voto del presidente Rosenkrantz (que otra vez quedó solo), su posible inclinación parece más clara. Para él, en este expediente “podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta”. Habla de la gravedad institucional, de la independencia judicial y deja abierta una duda: ¿se pueden cuestionar los traslados pero decir que el momento para revisarlos no era el conveniente?

Esta estrategia dejaría libradas dos cuestiones: Bertuzzi, Bruglia y Castelli podrían permanecer pero el Gobierno no tendría una carta libre para hacer los traslados que quisiese. Algo así como “esto estuvo mal aunque ya es tarde para corregirlo pero lo dejamos asentado para que no vuelva a suceder”.

Si esto parece un embrollo de múltiples interpretaciones es porque efectivamente lo es. Sin resolver en lo concreto, la Corte Suprema abrió las dudas y las especulaciones. Jugó con las posibilidades que tenía y cuatro de ellos se abroquelaron bajo la premisa de “nosotros somos los que resolvemos”.

La Corte es criticada por varios flancos. Si define en contra de los jueces, las tapas de los diarios dirán que no protegió la independencia judicial y la estabilidad de los jueces. O que convalidó el atropello a las instituciones. O quizás que protegió a Cristina. Si, por el contrario, decide que el trío judicial debe quedarse en la Cámara Federal y el Tribunal Oral Federal, será el Gobierno el que se considere desairado. No hay diálogo en este momento entre los dos poderes y eso se nota: durante las últimas horas, eran varios los emisarios oficialistas que afirmaban que el Máximo Tribunal no iba a aceptar el per saltum. La definición promete generar, por supuesto, una grieta más dentro de un sistema político imposible de conciliar.