Las consecuencias del enfrentamiento a plena luz del día entre las distintas facciones del Frente de Todos (FDT) a partir de la discusión por las licitaciones del Gasoducto Néstor Kirchner no se limitaron meramente a lo político –con el pedido de renuncia del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas– sino que también tuvieron un impacto en el orden de lo judicial. Producto de las acusaciones vertidas en el famoso off the record de la discordia, se presentaron tres denuncias en simultáneo. ¿Cuáles son y cómo sigue el proceso?

• Primera. Al juzgado de Daniel Rafecas, y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, llegó el domingo al medidía, pocas horas después de la polémica, la primera presentación, realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lomé. En el expediente no hay acusados puntuales.

• Segunda. La Fundación Apolo, vinculada al titular de Republicanos Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, fue quien radicó la segunda denuncia que, por sorteo, cayó en el juzgado federal 12, donde el juez Ariel Lijo es subrogante. En el documento, se acusa específicamente a los integrantes del directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA).

• Tercera. Fue presentada por Juntos por el Cambio (JxC), particularmente por los diputados nacionales del PRO Graciela Ocaña y Waldo Wolff. El sorteo la ubicó en el juzgado federal 4, también de Lijo, y tiene como principal apuntado a Agustin Gerez, director de IEASA, por los delitos de “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles”.

• Movimientos. Al referirse las tres denuncias al mismo hecho, todas fueron concentradas en una única causa, que quedó a cargo de Rafecas. El lunes, el juez solicitó y obtuvo este lunes copias digitales de toda la documentación oficial vinculada con la licitación del Gasoducto. Fueron tres órdenes de presentación en IEASA, Enargas y en la Secretaría de Energía. Además, el magistrado también decretó el secreto del sumario como medida transitoria.

• Algunas aproximaciones. Según lo provisto por los tres organismos, se pudo observar que el proceso de licitación no se inició, no hubo adjudicación y por lo tanto tampoco fraude. La celeridad con la que actúa Rafecas, según informaron desde el juzgado, responde a un intento de que la judicialización del tema paralice o demore aún más la obra, que tiene como fecha prevista de finalización mediados de 2023.

• Citación. En esa línea, este martes, el juez citó a declaración testimonial al exministro Kulfas para las 10 de la mañana del próximo viernes, y al extitular de la Unidad Ejecutora, Antonio Pronsato –que renunció a su cargo recientemente precisamente por las demoras en la megaobra– para el lunes a las 12. En la audiencia oral participarán expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral).

• Nuevo pedido. Asimismo, Rafecas exigió documentación complementaria a IEASA. En este caso, vinculada a una segunda licitación para la compra de caños de tuberías.