Fusión de fueros penales, reformas, modelo acusatorio: los anuncios judiciales de Alberto

“Veamos las leyes y después hablamos.” Tanto en Tribunales como en Comodoro Py escucharon con atención el discurso que dio Alberto Fernández en la apertura de la asamblea legislativa. Proyectos de fusión entre fueros penales, reformas, modelo acusatorio, cambios en los servicios de inteligencia y una revisión del funcionamiento del Consejo de la Magistratura son algunas de las claves que lanzó el Presidente.

En los whatsapp judiciales leyeron el mensaje como la vuelta clara de los planes del actual secretario de Asuntos Estratégicos. “Estos planes son Beliz con algo de Alberto. En 2004 no pudo, ahora no sé si podrá”, afirmó un juez con despacho en Comodoro Py 2002. Gustavo Beliz fue ministro de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner e intentó desarticular la relación que existía (y existe) entre los servicios de inteligencia y los jueces federales.

La Agencia Federal de Inteligencia está intervenida por orden presidencial. Aunque se anunció originalmente por 180 días, no se descarta que se prolongue por otros 180 más. En ese sentido, Fernández dijo que esta semana se publicará un decreto de necesidad y urgencia para que los organismos de inteligencia no puedan realizar “tareas represivas” pero tampoco “cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”. Esta última parte es la que va directo al corazón de Comodoro Py y que está en línea con una resolución que la Corte Suprema había lanzado el año pasado. La idea quedó clara: desarticular y desarmar la relación simbiótica entre tribunales y servicios.

Se tomó también unos minutos para hablar del tema AMIA y anunció que va a ordenar que se desclasifiquen los testimonios secretos que brindaron los agentes de inteligencia tanto en el juicio donde se juzgó el atentado como en el que se hizo por el encubrimiento. “Estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político interno”, resaltó.

Acusatorio, más fusiones y Consejo Consultivo

Las distintas variantes de reforma judicial dieron vueltas por pocos despachos en los últimos meses. Finalmente, Alberto decidió dar un poco más de detalle sobre cómo se va a implementar y lo que significará. El objetivo es claro: licuar el actual poder de los doce juzgados de instrucción de Comodoro Py.

Para eso es que trae a 2020 el viejo proyecto de Beliz de unificación del fuero penal nacional ordinario (integrado por los jueces que investigan muertes y robos dentro de la Ciudad de Buenos Aires) con los magistrados que están dentro de Comodoro Py. “Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”, sostuvo el presidente.

Lo que quedaría es un fuero de más de 50 jueces (no está claro el número por ahora) que se encargarían dentro de la Ciudad de Buenos Aires de las causas que involucren a funcionarios nacionales y también de las relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, lesa humanidad y trata de personas. La otra incógnita es si esto incluirá a los jueces en lo penal económico (una especie de “primos” de los de Comodoro Py) y cuántos de los jueces de la actual justicia nacional se convertirán en federales. Arriesgaban varios de los involucrados que seguramente los magistrados más nuevos se irán a jugar a la B, es decir, a la justicia de la ciudad, la que actualmente lleva las causas por delitos menores y contravenciones. Están convencidos de que no todos serán tocados por la varita mágica.

El otro gran eje del discurso albertista fue el modelo acusatorio. Esto implica un cambio en la forma en la que se maneja actualmente la justicia federal ya que pone en manos de los fiscales las investigaciones. Si bien los y las juezas siguen teniendo poder, ya no pueden investigar, sólo pueden controlar que la causa se lleve adelante de acuerdo a las garantías que prevé la ley. Este modelo funciona en Salta y Jujuy y la propuesta es que llegue en poco tiempo a todo el país.

No obstante, para esto se necesitan recursos, ya que las fiscalías van a necesitar más personal del que tienen ahora. Por eso es que el Presidente marcó que van a crear nuevos cargos de fiscales auxiliares (un escalón por debajo de los fiscales). Como ejemplo, tomó la zona de Rosario y Santa Fe: “vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”. Es la zona en la que más cristalizado quedó el fracaso de las políticas públicas relacionadas al narcotráfico. A esto le agregó la creación de un nuevo juzgado y de una nueva fiscalía en San Lorenzo, Santa Fe.

“Nunca nos olvidemos que el fuero Civil y Comercial Federal es profundamente antiperonista” escribió un juez dentro de uno de los chats donde se juntan los más “progresistas” del sistema judicial. La mención no fue al azar: Alberto anunció que va a fusionar ese fuero con el Contencioso Administrativo Federal, el famoso “fuero de la gobernabilidad”. ¿Qué significa esto? Que por allí pasan las resoluciones de los poderes del Estado que son cuestionadas judicialmente. Es uno de los lugares más poderosos dentro del sistema de justicia y dónde estaban observado con cierta expectativa lo que iba a suceder con ellos. El Civil y Comercial es donde se dirimen conflictos (muchas veces millonarios) entre privados. “El fuero posta de la plata” dice un fiscal federal que en este momento está evaluando si presenta su renuncia por jubilación.

Con una pequeña mención, Alberto ya dio por hecho el cambio en los regímenes especiales de jubilación para los y las juezas y fiscales. Del otro lado del conflicto, se preparan para judicializar la cuestión, que seguramente va a llegar a la Corte Suprema de Justicia.

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Por último, anticipó que enviará al Congreso un proyecto para que se cree un “Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina”. La idea del Presidente es que esté integrado por “las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial”. De acuerdo con sus palabras, será “un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo” para que se impulsen proyectos sobre el funcionamiento de la Corte, mejorar el trabajo de Consejo de la Magistratura, instaurar en todo el país el juicio por jurados y la modernización del Código Penal.

Sobre todos esos ejes ya había adelantado algo en diciembre pero el que más se había hablado dentro de Tribunales es cómo se modificaría el rol de Consejo de la Magistratura, el lugar donde se le hacen los exámenes a los futuros jueces y desde donde se los puede enviar a juicio político. ¿Cambiará la conformación? ¿Le pondrán tiempos más estrictos a los concursos o a la tramitación de los expedientes que llegan contra los jueces? Con respecto al Código Penal, todavía está pendiente saber qué pasará con el proyecto que elaboró la comisión que armó el gobierno de Mauricio Macri. “ Muchas generalidades, pocas precisiones” fue la lectura de un funcionario judicial con despacho dentro del Palacio de Tribunales.