La polémica por las contrataciones en el Banco Nación sumó un nuevo capítulo. Desde la entidad financiera instruyeron al área de Legales para iniciarle un sumario a su gerenta general, María del Carmen Barros, quien junto a la presidenta de la institución, Silvina Batakis, quedaron en el ojo de la tormenta el miércoles pasado, después de que el fiscal federal Guillermo Marijuan las imputara por presuntas designaciones irregulares en el organismo, entre ellas, de familiares y de la numeróloga “Pitty”.

Según fuentes cercanas al Banco Nación, quien hizo el pedido para que “se investigue el caso y se actúe en consecuencia” fue la mismísima Batakis, quien “desconocía completamente” el pago a “Pitty”.

Por el contrario, las mismas fuentes, citadas por Infobae, defendieron la contratación de Héctor Silva, exmarido de Batakis. “Es técnico electrónico, especializado en administración de sistemas, redes e infraestructura tecnológica, con amplia experiencia laboral”, señalaron.

“No ocupa ningún cargo jerárquico, prestando exclusivamente los servicios para los cuales fue contratado. No es gerente y no cobra como gerente”, añadieron.

La causa tiene su origen en una denuncia realizada el último martes por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, quien acusó a la economista y a la contadora de cometer los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y peculado”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Ocaña sostuvo en su denuncia que Batakis y Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio” del banco al contratar a Verónica Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga” para un “curso de coach”.

"Tuve la entrevista como cualquier hijo de vecino, online, y debí presentar mi CV y hablar con gente para ofrecer un presupuesto. Incluso, lo tuve que bajar a la mitad para tomar el trabajo”, señaló la numeróloga en declaraciones a Radio Mitre. 

En el expediente, Ocaña también mencionó la designación del exmarido de Batakis y el nombramiento del hijo de Barros, Juan Pablo Pedemonte, “al frente de una gerencia en la casa matriz del Banco Nación”.

A su vez, cuestionó la contratación de Maximiliano Piantanida, amigo de la gerenta general de la entidad, para ocupar el cargo de Gerente Departamental del Banco Nación, como así también el aval de Batakis para que la contadora cobre un sueldo mensual de $900 mil.

Por medio de una petición publicada en la plataforma Change.org, Ocaña reveló que el pasado 13 de septiembre presentó un pedido de acceso a la información pública en el que solicitó al Banco Nación detalles “sobre el presunto ‘festival de contrataciones’ divulgado en investigaciones periodísticas”, y agregó: “No les sorprenderá que la institución haya hecho absoluto silencio y no diera respuesta alguna”.

“No sólo se habrían contratado amigos y familiares por cifras siderales, sino también a una ‘numeróloga’ para servicios personales, que pagamos todos los argentinos. Exigimos su renuncia y también que rindan cuentas a la sociedad como corresponde”, denunció la legisladora opositora.

La causa recayó en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque por una licencia de la magistrada quedó a cargo el juez Daniel Rafecas. Según indicó Télam, las fuentes precisaron que en el marco de la investigación se ordenó la búsqueda de documentación sobre las contrataciones y nombramientos denunciados.