Causa "mesa judicial": levantaron la orden de arresto contra "Pepín" Rodríguez Simón, pero deberá pagar una fortuna como fianza
El exasesor de Mauricio Macri, a quien se acusa de participar en la presunta persecución a empresarios y exfuncionarios kirchneristas, se encuentra en Uruguay desde 2021, cuando la jueza Servini lo llamó a indagatoria.
Este miércoles, la jueza federal María Servini le concedió la exención de prisión a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que está acusado como parte de la llamada "mesa judicial" contra exfuncionarios kirchneristas durante el gobierno del fundador del PRO.
A pesar de este beneficio confirmado, la letrada le fijó al imputado una caución de $3.120 millones para garantizar la sujeción al proceso, y le impuso una serie de medidas de conducta, entre ellas, la prohibición de salida del país.
Rodríguez Simón está prófugo desde 2021, cuando viajó a Uruguay ante un llamado a indagatoria de la misma jueza que ahora le concedió la posibilidad de que vaya a declarar sin ser apresado.
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Cuando regrese a la Argentina, Rodríguez Simón deberá presentarse ante Servini, quien finalmente podrá tomarle indagatoria y definir los pasos a seguir en la causa. Además, tendrá "la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes", según condicionó la magistrada.
Por otra parte, deberá "solicitar autorización al tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel".
"Estaré a la prohibición de salida del país oportunamente dispuesta, imponiéndole la entrega inmediata de su pasaporte", amplió Servini.
Si bien para viajar a Uruguay Rodríguez Simón no necesita ese documento, la presentación del DNI invariablemente haría saltar en los registros la veda de salida.
"Pepín" está acusado de haber formado parte de la denominada "mesa judicial" que supuestamente funcionó durante la presidencia de Macri y que habría tenido entre sus objetivos a empresarios del Grupo Indalo, especialmente Fabián De Sousa y Cristóbal López, ambos querellantes en este expediente.