A un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, los tres detenidos esperan el inicio del juicio oral en la cárcel y en esa condición podrían permanecer a lo largo de los próximos 20 años.   

Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó la bala que no salió; Brenda Uliarte, su pareja y presunta cómplice, y Gabriel Carrizo, jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como "Los Copitos", son los únicos imputados por el hecho.   

Ninguna de las otras líneas de investigación propuestas por la querella, a cargo de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, fue aceptada por la jueza instructora, María Eugenia Capuchetti.

Sabag Montiel asegura que actuó solo, que no conoce a Carrizo y que Uliarte no tiene nada que ver con el ataque a la vicepresidenta. La querella no le cree y pidió en el último año infinidad de medidas de prueba, sin demasiado éxito.   

Por otra parte, el fiscal Carlos Rívolo aceptó tardíamente un pedido de los abogados de Cristina Kirchner para que sea secuestrado el teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, a quien un testigo afirma haber escuchado pronunciar antes del intento de asesinato la frase: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa". El legislador negó esa situación y entregó el teléfono, pero objeciones judiciales y trabas burocráticas aún impiden su análisis y evaluación. 

Del resto de los planteos, ninguno prosperó. El principal pedido fue para unificar la investigación por el intento de magnicidio con la causa en la que se investigan las actividades de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Sin embargo, fue rechazado sistemáticamente porque tanto la jueza Capuchetti como la Cámara Federal consideran que no hay relación entre ambos expedientes. 

La querella presentó una línea de tiempo en la que mostró que cada vez que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibía pagos para trabajos de gran magnitud, que su pequeña carpintería no podía afrontar per sé, hubo una actividad violenta de la agrupación días después.   

Por su lado, Sabag Montiel continúa, a disgusto, con la defensa oficial de Juan Martín Hermida, a quien descalificó en una carta manuscrita que envió al tribunal. En tanto, Brenda Uliarte contrató al abogado y exacusado por la voladura de la AMIA, Carlos Telleldín, y prometió hablar bajo su asesoramiento cuando se realice el juicio oral.  

El jefe de "Los Copitos", Carrizo, tiene desde el primer día la defensa del penalista Gastón Marano y consiguió la calificación legal más leve de los tres: partícipe secundario del intento de magnicidio, una figura que aún en caso de condena sería sensiblemente menor. Las penas para Sabag Montiel y Uriarte (según el cálculo que siga el tribunal, de acuerdo con doctrina y jurisprudencia despareja) podría trepar hasta los 25 años de cárcel. Carrizo, en cambio, tiene una expectativa de 15 años como máximo.   

Tras los rechazos a los pedidos de excarcelación o atenuación de la prisión preventiva, los tres aguardan que el Tribunal Oral Federal 6 fije la fecha del debate.   

El tribunal oral tiene tres jueces subrogantes, que se rotan y varían periódicamente, de modo que la fecha de realización del juicio es incierta.

La investigación sigue abierta y, en lo formal, el fiscal Rívolo continúa produciendo prueba para determinar si detrás de los tres supuestos autores del intento de homicidio hay "algo más". Sin embargo, parece difícil que ese camino conduzca a alguna novedad significativa, máxime cuando se han rechazado planteos de entrecruzamientos telefónicos, llamados a indagatorias y la profundización de eventuales vínculos políticos de los imputados.  

Tampoco se ha profundizado en la investigación sobre las omisiones de seguridad en torno a la Vicepresidenta, que permitieron que en un escenario público, plagado de adherentes a su idea política, un hombre colocara un arma a diez centímetros de su cabeza y gatillara.

La querella mira hacia la Policía de la Ciudad, pero el abogado Gregorio Dalbón, quien asiste a Cristina Kirchner en otras causas, también desconfía de la Policía Federal.   

Todos cabos sueltos, que parecen destinados a permanecer así, cuando se cumple el primer aniversario de un episodio que pudo poner aún más patas para arriba la escena política y social en la Argentina.