75 días sin Facundo: rastrillajes, amenazas, sospechas sobre la Policía Bonaerense e intervención de la ONU
La violencia institucional se repite a lo largo y ancho del país. La necesidad de una reforma policial y un mayor control sobre las fuerzas de seguridad provinciales.
A 75 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro comenzó el rastrillaje en la ruta 3 con efectivos de las fuerzas federales. Las actividades si no se llegan a terminar este martes, seguirán mañana. Las mismas son fiscalizadas por el Director de la Agencia Regional Federal de Mar del Plata.
El operativo comenzó a primeras horas de la mañana y cuenta con la participación de personal de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Chascomús, Pinamar, Tandil, Olavarría y Necochea. Además, intervienen los canes del K9, y efectivos Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.
La Policía Bonaerense fue apartada en la búsqueda del paradero, dado que la familia sospecha que están involucrados en la desaparición del joven de 22 años. Trabajan en esclarecer el caso la Policía Federal, Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación.
También participan en la investigación la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).
Los rastrillajes en la ruta 3 comenzaron horas después de que la mamá de Facundo, Cristina Castro le solicitó a la jueza de la causa María Gabriela Marrón que se preserve la seguridad de las cosas y las personas que intervienen en la investigación.
Amenazas
El pedido de Castro lo hizo luego de que su abogado, Luciano Peretto denunció amenazas por parte el subcomisario bonaerense Pablo Reguillon, de la comisaría de Mayor Buratovich. Este último fue relevado de su cargo por orden del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni.
"Me estoy guardando todos los links de los medios donde hablaste, cuando esto termine yo sé lo que tengo que hacer", le dijo el subcomisario a Peretto. El abogado había cuestionado la presencia de la Policía Bonaerense en un basurero en Mayor Buratovich, cuando hacía varios días que la fuerza había sido apartada.
El operativo, sucedido el sábado a la tarde, involucra a cinco policías. En el basural, unos jóvenes encontraron restos óseos. La Policía Federal determinó que no eran de humanos.
Además, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires intervino tres destacamentos del partido de Villarino, que incluye a las seccionales de la Estación Comunal de Médanos, Mayor Buratovich y Pedro Luro.
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¿Dónde está?
Facundo iba a dedo desde Pedro Luro a Bahía Blanca para ver a su ex novia. El 30 de abril lo demoró un retén policial y nunca más se supo su paradero. La policía lo detuvo en Paraje Mayor Buratovich, a 94 kilómetros de la ciudad bahiense, en pleno aislamiento obligatorio.
Los agentes policiales declararon ante la Justicia que le labraron un acta al joven por violar la cuarentena. Además, afirmaron que lo dejaron seguir su viaje.
La Justicia Federal allanó la subestación policial de Paraje, donde estaba el acta. A su vez, secuestraron el libro de guardia, equipos de comunicación radial, los teléfonos de los policías y la camioneta Toyota Hilux de esa comisaría. También se ordenó una inspección ocular en el vehículo, y el levantamiento de rastros de manchas hemáticas y material biológico.
Los abogados de la familia, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, obtuvieron una copia del acta por violar el aislamiento, en donde figura la hora del trámite.
La familia de Facundo cree que el joven llegó a dedo a la ciudad de Hilario Ascasubi, donde se subió al auto de una vecina, Ayelén Flores, quien lo llevó hasta el Paraje.
El caso fue caratulado como desaparición forzada y tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Marrón. Después de que el fiscal de la misma ciudad Rodolfo De Lucía se declarara incompetente, lo sucedió el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.
Tanto la familia de Facundo como la Comisión Provincial por la Memoria (organismo que trabaja casos de violencia institucional) son querellantes en la causa.
Piden por Facundo
"Estamos pidiendo que se esclarezcan los falsos testimonios, estamos pidiendo que las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está Facundo porque lo subieron arriba de un patrullero y no apareció más", expresó Cristina, la mamá de Facundo a Télam.
La madre, que no estaba de acuerdo con la partida de su hijo a Bahía Blanca, sostuvo que el joven la llamó y le dijo: "Mamá vos no tenés una idea de donde estoy". Para ella "en Mayor Buratovich algo le pasó" y están involucrados testigos que vieron cuando lo subieron a un móvil de la policía.
Antes de finalizar la comunicación telefónica, Facundo le dijo: "Mamá, no me vas a volver a ver más".
Cristina esperó un mes en hacer la denuncia, porque creyó que Facundo "estaba en la casa de la chica y que seguía enojado por todos esos retos".
Partipación de la ONU
El caso llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que la Comisión por la Memoria y la familia de Facundo interpusieron una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada del organismo internacional. Denunciaron todo lo que ocurrió y reclamaron que intervenga.
"De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo", sostuvo el Comité.
A su vez, el Comité le solicitó al Estado argentino aclarar dónde se encuentra Facundo e informar a sus familiares. Este último aconsejó "que las autoridades encargadas de la búsqueda de Castro y de la investigación de su desaparición diseñen, con la participación de las víctimas y sus representantes, una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”.
Una práctica cotidiana
Durante la cuarentena, los casos de violencia institucional se repiten en todo el país. Las muertes de Lucas Nahuel Verón, por la Policía Bonaerense, y de Raúl Dávila en Chascomús, víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría donde estaba detenido, hacen sonar todas las alarmas de que la fuerza no es el último recurso para los agentes policiales.
"La violencia policial en la vía pública hoy está más visibilizada que en otras épocas. Esto se debe a los medios tecnológicos, las cámaras de vigilancia y los celulares que permiten identificar prácticas delictivas", sostiene el juez del Tribunal en lo Criminal N°1 de Necochea, Mario Juliano.
El magistrado destaca que años atrás "las personas que denunciaban la violencia institucional no eran tomadas enserio, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad". Juliano hace hincapié en que hoy "hay más posibilidades para denunciar y pedir una investigación independiente".
Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, explica que durante el aislamiento los monitoreos se fortalecieron ante la gran cantidad de casos del abuso de las fuerzas. "La violencia institucional se vio durante la cuarentena en toda la extensión territorial", afirma.
Aunque reconoce que no son prácticas nuevas, destaca que "se repiten con más fuerza y con distintos niveles de violencia".
"El asesinato de Luis Espinoza en manos de la Policía provincial que ocultó el crimen, las detenciones por incumplimiento de la cuarentena en comisarias y hasta ataques con balas de goma al salir a comprar pan en La Pampa, son algunos de los hechos de violencia de estos meses", dice Darraidou.
Reforma policial
La violencia inusitada, la selectividad policial (recae en los más jóvenes que viven en barrios populares, personas trans, gente en situación de calle y comunidades indígenas) y la intervención abusiva muestran el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad.
Para Darraidou estos hechos "obligan a incluir en la agenda política y en el debate público la reforma policial".
A su vez, la coordinadora hace hincapié en la necesidad de "reformas reales y transformadoras" de las fuerzas. "La actividad policial debe cumplir las normas como siempre. A nivel federal dictaron recomendaciones de como intervenir en el cumplimiento del aislamiento, pero a nivel provincial no".
Lucas
Lucas acababa de cumplir 18 años. Regresaba el viernes pasado a su casa con un amigo, después de comprar una gaseosa y cigarrilos, cuando la Policía Bonaerense le disparó y huyó. El hecho ocurrió en el barrio de Villa Scasso, en la localidad de González Catán. Los policías detenidos e imputados son Ramón Ezequiel Benítez y Cintia Daiana Duarte.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asumió el patrocinio legal de la familia de Lucas y pidió la recusación del fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian. Dado que este último es señalado como el responsable de haber avalado que la policía obligó a declarar contra sí mismo al amigo de Lucas que sobrevivió.
Raúl
El pasado 27 de junio, Raúl Dávila fue detenido por resistencia a la autoridad tras una discusión con el padre de su novia. El joven de 22 años estuvo detenido 14 días hasta que murió quemado por un incendio sucedido en el calabozo de la Comisaría Primera de Chascomús.
La CPM exige que la Policía Bonaerense y la Justicia provincial respondan por la muerte de Raúl. El organismo informó que el fiscal pedía tres meses de prisión en suspenso en un juicio abreviado. Por su parte, la Justicia rechazó su excarcelación y dictó la prisión preventiva.
Al saber que le habían dictado la preventiva, Dávila habría incendiado el colchón de su calabozo, según los dichos de los agentes que estaban en la comisaría.
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Qué dice el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) exige el esclarecimiento de los casos de Facundo, Lucas y Raúl. En los primeros días de la cuarentena, el 31 de marzo, el organismo dictó la recomendación 04/2020 en donde hace hincapié que el uso de la fuerza por parte de las policías debe ser usada excepcionalmente. Además de respetar el principio de proporcionalidad al ejecutarse.
La norma sostiene que los abusos, en el marco de las facultades de detención por violar el aislamiento, vulneran los derechos de las personas y obstruyen la capacidad del Estado de respuesta. Por eso, insta a que sean prevenidos y sancionados.
El organismo reconoce que conoce denuncias sobre el accionar violento e ilegal de las policías y fuerzas de seguridad, que corresponden a distintas jurisdicciones.
El Comité instó a las autoridades en materia de seguridad, a los Ministerios Públicos Fiscales y al Poder Judicial a fortalecer las acciones necesarias para:
- Garantizar un marco de respeto a los derechos humanos en las de verificación y la eventual detención de personas.
- Garantizar lugares adecuados para la detención de personas.
- Generar respuestas institucionales y judiciales rápidas frente a cualquier tipo abuso.
A su vez, el organismo recomendó que se deben dictar medidas que eviten más población carcelaria y detenciones en comisarías, y el uso de la prisión preventiva. Las recomendaciones sobre los lugares de detención se dan en el marco de la emergencia sanitaria.
