Fue el primer conflicto político en el país en medio de la cuarentena obligatoria para atenuar la propagación del nuevo coronavirus. La primera manifestación sonora contra el gobierno de Alberto Fernández por parte de una sociedad que se había encolumnado detrás de la figura protectora del Presidente ante el temor por el brote. En los últimos días del mes de abril, decenas de miles de argentinos salieron a golpear cacerolas en sus balcones en rechazo de una supuesta liberación masiva de presos. La ajetreada agenda pública viró hacia otros asuntos y el tema se evaporó. A 80 días del fervoroso clamor popular, El Canciller buscó despejar dudas y encontró uniformidad en todas las voces consultadas: las presuntas excarcelaciones en masa nunca existieron.

La polémica se enmarcó, desde un principio, por el serio problema de proporciones que posee el Servicio Penitenciario Bonaerense. Según las estadísticas oficiales, la capacidad de ocupación de los penales de la Provincia es de 29.000 presidiarios. Cuando Axel Kicillof asumió el gobierno hace siete meses, el número de detenidos superaba los 45.000 y el sistema fue declarado en emergencia. En el contexto de la pandemia, donde el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se tomaran medidas para garantizar el distanciamiento social en estos espacios de encierro.

El 16 de marzo, mientras el virus se diseminaba en la Argentina y el Presidente cocinaba el anuncio del aislamiento preventivo, social y obligatorio, el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dictó la resolución 158 del Ministerio Público Fiscal, donde instruyó a los defensores oficiales para que evaluaran solicitar prisiones domiciliarias a los presos que integraran la población de riesgo ante el Covid-19. El objetivo final era descomprimir las cárceles y evitar un colapso del sistema sanitario bonaerense, dado que si se producía un contagio masivo en los centros de detención, todos los infectados iban a tener que ser acogidos por los hospitales públicos.

La resolución de Conte Grand, sin embargo, ignoró mencionarles a los defensores que no incluyeran en sus pedidos de domiciliarias los delitos graves (represores de lesa humanidad, violadores, homicidas). Frente a esta coyuntura, los abogados elevaron recursos a la Cámara de Casación Penal de la Provincia para que les otorgaran un indulto, conmutación de pena o reclusión domiciliaria a sus defendidos.

La tasa de personas que hoy cumplen condena fuera de las cárceles es del 5,5%, mismo porcentaje que en diciembre de 2016.

Ante esas demandas y atendiendo a la crítica situación humanitaria de las prisiones, el 8 de abril el juez de Casación bonaerense Víctor Violini emitió un hábeas corpus en el que les sugería a los jueces de primera instancia que examinaran con mayor precaución las salidas de reclusos que cumplieran con un determinado rango. Debían ser personas que:

  • Cumplieran prisión preventiva por delitos de escasa lesividad;

  • Estuvieran condenadas por delitos no violentos y próximas a cumplir con la pena;

  • Estuvieran condenadas a penas de hasta 3 años de prisión;

  • Estuvieran en condiciones legales de acceder a salidas transitorias o libertad condicional;

  • Estuvieran embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;

  • Estuvieran en situación de riesgo ante la pandemia, por presentar comorbilidades previas que podrían agravarse de contagiarse de coronavirus. En esos casos, la acordada pedía examinar en cada caso cuál era el tiempo de pena cumplido, la gravedad del delito y los riesgos procesales.

En ese contexto y de manera arbitraria, algunos jueces incumplieron los criterios de la acordada y les otorgaron la prisión domiciliaria a condenados por violación, homicidio y robo agravado. También, al partero de la ESMA Carlos Capdevila, condenado por delitos de lesa humanidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, alzó la voz en rechazo de esas excarcelaciones y estudió presentar un jury contra algunos magistrados.

Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, más del 90% de los presos liberados en el distrito entre el 17 de marzo y el 17 de abril tenían causas por delitos leves. Todo se frenó, drásticamente, cuando la Corte Suprema de Justicia bonaerense revocó el fallo del juez Violini, el 11 de mayo, tras el cacerolazo. Desde entonces, las salidas de las cárceles fueron muy marginales e incluso prohibidas a pacientes de riesgo por el Covid-19.

"Se liberaron presos, no sabemos cuántos", respondió esta semana el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, en un reportaje con América. A falta de estadísticas actuales, el 17 de junio el ministro de Justicia, Julio Alak, trazó un escenario en la Cámara de Diputados bonaerense. Según informó, en diciembre de 2019 los penales alojaban a 51.724 detenidos y a mediados del mes pasado, el SPB albergaba a 220 presos por cada 100.000 habitantes: de acuerdo a las estimaciones oficiales, la Provincia tiene 16,66 millones de personas; hoy habría 38.000 reclusos en los penales.

¿Liberación masiva?

"Llegamos a tiempo con la revocación del fallo de Violini. Si no frenábamos ese disparate, iba a haber una marea de liberaciones sin ninguna duda. Había mucha avivada, salían personas que no cumplían los requisitos para obtener el beneficio. Afortunadamente se estabilizó", analizaron desde la Procuración bonaerense ante la consulta de este medio. No obstante, apuntaron que la tasa de personas que hoy cumplen condena por fuera de las unidades penitenciarias es del 5,5%, mismo porcentaje que en diciembre de 2016.

El Canciller recurrió a cuatro abogados penales para abrir el abanico sobre el cuadro de situación.

Javier Raidán afirmó que la Justicia excarceló "a los que tenían que salir por población de riesgo o a los que estaban en condiciones de irse por razones técnicas, y nada más". Incluso, consideró que hubo muchas menos salidas que el año pasado. "Es obvio, porque todo se ralentiza en medio de la pandemia. No pueden trasladar a los presos para hacerles las entrevistas periciales, el abogado no se desplaza porque no le dan autorizaciones y tampoco se hacen audiencias presenciales", justificó.

Mauricio D'Alessandro opinó que "el coronavirus, con el tema de las liberaciones, fue un invento de la prensa". "Se hizo una lista de los 2.600 pacientes de riesgo, pero muchos no salieron por el Covid, sino por cuestiones procesales", aseguró, y añadió que el índice de reincidencia de quienes buscan reinsertarse en la sociedad es bajo, del 30%. José Luis Ghioldi analizó que "la respuesta a los hábeas corpus debió haber sido más positiva, se debieron haber concedido más arrestos domiciliarios porque había mucha gente que no representaba riesgo".

En tanto, Cristian Poletti sentenció: "De ninguna manera existió una liberación masiva. Las personas recuperaron su libertad por circunstancias normales. A algunos se les acabó la pena y otros estaban en condiciones de acceder a la salida anticipada o llegando a la libertad condicional".

El fallo prohibitivo de la Corte

La presión social surtió efecto y los jueces, acorralados, fueron muchos más rígidos desde mediados de mayo para habilitar externaciones. Incluso, las de personas con enfermedades prevalentes. "Tenemos un paciente de riesgo, que cumplía con todos los requisitos que existían para ser mandado a su casa, y la Fiscalía apeló después de que le otorgaron el beneficio. Están revocando un montón de apelaciones", afirmó el letrado Raidán.

Poletti señaló un caso similar. "El juzgado pidió cinco informes acerca de la salud de mi cliente para ver si le daban la prisión domiciliaria o no. Esto nunca fue contestado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Hay un colapso administrativo, el SPB ni siquiera responde los pedidos de la Justicia", contó.

El sub-mundo del Covid-19 en las cárceles

Según los datos oficiales, hasta este viernes había apenas siete casos del nuevo coronavirus en las unidades penitenciarias bonaerenses. Dos, en la Unidad 23 de Florencio Varela y cinco -producto de un foco reciente- en la Unidad 4 de Villa Floresta, Bahía Blanca. Cifras absolutamente alejadas de la realidad. Es que de acuerdo a los testimonios de detenidos y abogados, los tests RT-PCR sólo llegan a las prisiones si algún recluso presenta síntomas. Y, a veces, ni siquiera ese estado alcanza para ser diagnosticado.

"Esta semana me llamó un cliente de la Unidad 46 de San Martín y me dijo que se habían llevado a un compañero de celda con Covid positivo. Me comentó que esa misma mañana habían estado tomando mate y no le quisieron hacer el test, porque él no tenía síntomas", relató Ghioldi.

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Un preso de la Unidad 23 de Florencio Varela que eligió permanecer en el anonimato, seguro de haber contraído el virus pese a no ser analizado, graficó ante El Canciller la cruda situación que viven los infectados: "Si te agarra el virus, te aíslan en una celda y quedas ahí 15 o 20 días. No te sacan al hospital salvo que sea un caso muy grave. Por los síntomas, entiendo que tengo Covid. A nadie le hacen el test, y yo hoy padezco pérdida de olfato y gusto, tomo mate con un kilo de azúcar y no lo siento. Pero así están todos, eh. Para nosotros, además, son 115 días sin contención familiar alguna. Estamos tirados, creo que el perro de la calle vive mejor que nosotros, porque come más y le dan cariño. Es una tristeza lo que está pasando".