¿Por qué los liberan a todos? El juego de Comodoro Py
Con la liberación de Carlos Kirchner, la era de las prisiones preventivas que inició con la detención de Julio de Vido en octubre de 2017 parece haber finalizado. El reperfilamiento de los jueces federales no comenzó el 12 de agosto de este año: el distanciamiento entre lo que el Poder Ejecutivo quería de los tribunales y lo que Py otorgaba estaba latente desde fines del año pasado.
Esa relación comenzó con bastante desconfianza. Los principales operadores judiciales de Mauricio Macri tuvieron algunas victorias (renuncias de enemigos incluidas) y varias derrotas, entre las que está el fallido de nombrar jueces de la Corte por decreto y el intento de convertir discrecionalmente jueces comunes en federales.
Pero hasta fines de 2018 tanto Py como Cambiemos estaban enfocados en lo mismo: la situación judicial del kirchnerismo. Uno de los abogados que recorre los pasillos de Retiro desde hace más de 15 años sostiene que el actual oficialismo se confió: “creyeron que siempre les iban a atender el teléfono o firmar cuestiones de su agrado”.
Los jueces federales son tiempistas y saben que los gobiernos pasan y ellos quedan. Pero no todo fue uniforme en el capítulo de las prisiones preventivas de Py. En enero de 2018, dos jueces criticaron fuerte la decisión Ariel Lijo de encarcelar a Amado Boudou y lo dejaron libre. Meses después, dos juezas liberaron a Carlos Zannini y a Luis D’Elia, presos por la voluntad de Claudio Bonadio. En ambas resoluciones estaba muy nítida la crítica a la mal llamada doctrina Irurzun.
La “doctrina” nació del voto del juez Martín Irurzun en la causa donde se obtuvo el desafuero y detención de De Vido. Ahí, el presidente de la Cámara Federal sostuvo que los ex funcionarios podían utilizar sus “relaciones residuales” de poder para entorpecer las causas. Y que, en líneas generales, eso bastaba para dictar su preventiva.
El quiebre entre los que firmaron resoluciones bajo el ala de la doctrina Irurzun estaba claro: “los federales nos están haciendo quedar mal a todos”, dijo a principios de 2018 un magistrado con despacho en el Palacio de Tribunales. Esa grieta quedó parcialmente tapada cuando explotó la causa de los cuadernos, en agosto de ese año. Allí, no hubo quién pudiera refutarle a Bonadio las prisiones ordenadas en el marco de esa mega-causa. Era su momento y los detalles de los bolsos con muchísimos dólares pesaban más que cualquier irregularidad jurídica.
Un año después, casi todos los involucrados que estuvieron detenidos allí, ya están libres. Algunos por la propia decisión de Bonadio al considerarlos “arrepentidos”. Otros, porque la Cámara Federal decidió endurecer algunos de sus (viejos) criterios a la hora de restringir la libertad de las personas. La otra variable que pesó también es que, más allá de que Cuadernos tendrá su continuación en la etapa de juicio, nadie puede asegurar con contundencia si terminará en condenas para los y las implicadas. Hay grises en la investigación (de dónde salió la plata específicamente, dónde está, cómo fue el circuito financiero) que complican el análisis.
Por supuesto que, más allá de las internas judiciales, el contexto político suma. Hasta agosto, Py transitó su habitual tranquilidad de los años impares. Todos (menos Bonadio) moderados y sin ninguna resolución demasiado estridente. Los federales que se encargan de las investigaciones vieron como se rompía la paz con las ramificaciones de la causa D’Alessio (que pasa ahora por un momento no mediático). Los magistrados de tribunales orales (en algunos casos, sobrepasados de causas) no tuvieron grandes definiciones en ninguna causa política. La excepción fue el juicio de Vialidad donde está imputada Cristina Kirchner y que estuvo a punto de ser postergado antes de empezar.
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La relación Macri-Comodoro Py, si las encuestas no mienten, llegará a su fin en diciembre. Son varios los funcionarios oficialistas que temen una ola de citaciones a indagatoria desde febrero. Otros dudan que pueda sostenerse eso si el Poder Ejecutivo de ese momento no les guiña un ojo. Hasta ahora, Alberto Fernández ha sido muy crítico de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, así como también de las prisiones preventivas flojas de papeles. Lo ha sostenido desde su lugar como profesor de derecho, como funcionario y también como candidato.
En definitiva, las liberaciones de muchos imputados responden a ese movimiento político pero también a las contradicciones del propio sistema de justicia. A una especie de “reciclaje” que se da cuando se percibe un cambio de gestión. A la necesidad de supervivencia.
