En la caótica escena del poder político en Panamá, una figura controversial ha generado diversas interpretaciones sobre su rol dentro del gobierno de José Raúl Mulino. Se trata del asesor Salo Shamah, quien es objeto de acusaciones que sugieren que actúa en función de intereses externos, concretamente los del exmandatario Ricardo Martinelli. 

Las denuncias indican que su papel trasciende al de un asesor convencional y que opera como un intermediario que mantiene una comunicación constante con el expresidente, informándolo sobre movimientos y decisiones de la actual administración antes de que sean implementados.

Las sospechas también se centran en el sistema de call centers, que según versiones oficiales buscan defender y difundir las políticas de la gestión de Mulino. Sin embargo, hay indicios de que estas plataformas son utilizadas para socavar su gestión, lo que plantea un escenario complejo en el que las fuentes de financiamiento se mezclan con intereses políticos. 

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Sucede que, a través de estas operaciones, canalizarían recursos del propio Gobierno para llevar a cabo una campaña que, en la superficie, parece estar alineada con la administración actual, pero que en la práctica podría servir para desestabilizarla.

El comportamiento de Shamah, quien a pesar de su cargo como asesor presidencial dedica una parte significativa de su tiempo a actividades comerciales en Colombia, ha generado dudas sobre su compromiso con Mulino.

Ante estas circunstancias, se plantea el interrogante sobre la efectividad de las estrategias de Shamah y en la posibilidad de que un personaje con tales acusaciones mantenga un rol tan cercano al núcleo del poder. Mientras la situación se profundiza, la necesidad de una investigación clara y objetiva se vuelve cada vez más evidente.