El Gobierno de Chile relanzó este miércoles un plan para ampliar la búsqueda de información sobre las personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, a días de que se cumplan los 50 años del golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende. El presidente Gabriel Boric había anunciado la iniciativa el año pasado y dado el puntapié inicial con la participación de agrupaciones de víctimas y de familiares.

Al relanzar el llamado Plan Nacional de Búsqueda, que pretende sintetizar información que aún pueda estar disponible o sin clasificar en archivos, causas judiciales y otras instancias, Boric dijo que la iniciativa será “una herramienta institucional contra el olvido”.

"Esta política es permanente y nos hacemos cargo como Estado, no sólo como Gobierno, de hacer todo lo que esté al alcance y correr las barreras para esclarecer las desapariciones y muertes", añadió.

Juana Andreani, detenida durante la dictadura que lideró Pinochet entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, dijo a la agencia Reuters que el programa oficial brinda el consuelo de al menos enterarse qué sucedió con sus compañeros y amigos de cautiverio. “No saber de ellos, qué hicieron con ellos, ni qué paso con ellos ha sido lo más ingrato de estos 50 años”, consideró. 

El objetivo del plan es "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", dice la página web del programa. 

Víctimas de atropellos a los derechos humanos durante la dictadura y familiares de víctimas consideran que también las Fuerzas Armadas podrían tener más información que aún no han entregado para esclarecer el destino de los desaparecidos o muertos. 

En Chile ha habido decenas de juicios y condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet. Sin embargo, el dictador, que murió en diciembre de 2006 a los 91 años, nunca fue condenado por su responsabilidad en los crímenes. 

Tras la dictadura, el Estado chileno promovió la elaboración de informes sobre los crímenes ocurridos durante aquella época. Las distintas comisiones oficiales para esclarecer los hechos cifraron el total de víctimas calificadas en 40.175 personas, lo que incluye ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo al sitio web del Ministerio de Justicia.

Por su parte, el plan de búsqueda señala que hay 1.469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales la mayoría son detenidos desaparecidos, y 377 ejecutados cuyos restos nunca fueron entregados.