El conjunto de bonistas que se vio beneficiado por el fallo judicial de esta semana en Londres acerca de la llamada causa del "cupón del PBI" le reclamó al Gobierno argentino que le pague los USD 1.500l millones dictaminados por la justicia británica, como consecuencia de la modificación en los cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la presidencia de Cristina Kirchner que, según los jueces, perjudicaron a los acreedores con deuda ligada a la cifra del Producto Bruto Interno.

"Nuestro grupo ha sido el acreedor más cooperativo de la Argentina. En 2005 aceptamos una quita para los nuevos bonos y warrants (cupones atados al PBI). En 2014, (Axel) Kicillof nos estafó con los warrants. En 2020, cooperamos en una nueva reestructuración de bonos. Hacemos un llamado a respetar la sentencia del tribunal del Reino Unido", expresó el grupo nucleado bajo el nombre Argentina Exchange Bondholders.

Por su parte, según publicó la agencia Bloomberg, el abogado Aidan O’Rourke, socio del estudio que representa a los fondos que litigaron contra la Argentina en Londres, Quinn Emanuel manifestó: "Durante el curso de este caso, la Argentina ha dicho en repetidas ocasiones al tribunal que si se toma una decisión final a favor de los titulares de los warrants, será necesario encontrar el dinero para pagar a sus acreedores. Ese momento ha llegado".

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Este último martes, el país perdió una apelación ante la Corte Suprema de Gran Bretaña y la consecuencia es que tiene que abonar la indemnización a dichos bonistas debido al cambio de cálculo en las estadísticas durante la gestión kirchnerista por el que fue condenado a abonar por el perjuicio generado a los tenedores de esos papeles de deuda ligados al crecimiento del PBI, que después de determinado punto generaba el pago de intereses adicionales. Al modificar la manera de obtener la cifra oficial, se redujo esa chance, de acuerdo al dictamen.

La sentencia establece que la Argentina debe desembolsar € 1.300 millones más intereses, equivalentes a unos USD 1.500 millones, además de que se ejecute la garantía de € 313 millones que el país depositó en marzo de este año para poder apelar, aunque fue sin suerte.

Ahora, entonces, el gobierno de Javier Milei tendrá que definir cómo hará para cumplir con la sentencia, en momentos en que las reservas reales son negativas y escasea la moneda extranjera. La situación montó en cólera este miércoles al Presidente, quien disparó desde su cuenta de X tras el fallo adverso: "La manipulación de los datos del INDEC que hizo el kirchnerismo nos habría costado 1.330 millones de euros"

"Pasó una década y los argentinos seguimos pagando el desastre que hicieron los inútiles e ignorantes que nos gobernaron", agregó el Jefe de Estado libertario.

En el mismo sentido, el mandatario libertario puntualizó que si se suma "el Caso Repsol, la causa del juez Griesa, los intereses punitorios al Club de París, y la expropiación ilegal de YPF", entonces "el daño que Cristina Kirchner y Axel Kicillof le han hecho al bolsillo de los argentinos es de 41.000 millones de dólares".

De acuerdo a los expertos, la salida para el Ejecutivo respecto del caso de los reclamantes sobre el "cupón del PBI" sería buscar un acuerdo privado con esos acreedores y ofrecerles un canje de deuda con algún bono que incluya algún tipo de quita.

Caso contrario, el riesgo es una declaración de default, algo que sería una señal negativa para los inversores, y poco probable para un gobierno que logró una fuerte reducción del Riesgo País y busca allanar el camino para volver al mercado internacional de emisión de deuda.