La jueza federal de Nueva York Loretta Preska ordenó este jueves a la Argentina pagar USD 142 millones a los bonistas de 12 fondos buitre que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que el país lanzó entre 2005 y 2016 con el objetivo de cancelar sus compromisos por los bonos caídos en default (cese de pagos) en 2001.

La magistrada, que previamente falló contra el Estado nacional en la causa por la estatización de YPF, se pronunció en el expediente que sigue la solicitud de una docena de demandantes, entre los que sobresale Bybrook Capital, que compraron títulos soberanos impagos. Según informó en su cuenta de X el director regional de Latam Advisors, Sebastián Maril, "estos fondos aún no tenían sentencia firme a su favor".

Aunque en los tres canjes de deuda (2005, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas (97%) aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar sus obligaciones, el grupo ahora beneficiado por la decisión de Preska optó por quedar al margen y seguir litigando por los papeles defaulteados durante la crisis de principios de siglo.

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Ahora, los acreedores que evitaron ingresar a las negociaciones abiertas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y Mauricio Macri, obtuvieron una orden de sentencia sumaria para recuperar créditos por USD 142 millones.

Fondos como Bybrook Capital, que exige una compensación por fuera de los arreglos que las distintas administraciones acordaron con el resto de los bonistas privados, prefieren condenas que se dilaten en el tiempo ya que, al momento de pagar, la Argentina debe abonar tanto el capital como los intereses del bono.

Estos últimos se actualizan con una tasa anual de 9% hasta tanto haya un fallo y, una vez que hay sentencia, como en este caso, la tasa pasa a ser la de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a dos años, que ronda el 4%.

Tras la decisión de Preska, resta conocerse si el país apelará la resolución judicial. Por el lado de los demandantes, lo más probable es que busquen activos embargables de la Argentina en tierras norteamericanas como una forma de cobrar la sentencia. Este es el mismo camino que siguen los fondos que litigan contra el Estado nacional por la expropiación de YPF, aunque aún sin éxito.

La magistrada neoyorquina está también al frente de la causa por la estatización de la petrolera en 2012, en la que, debido al trato desigual a los accionistas minoritarios, ordenó al país a pagar USD 16.100 millones al fondo inglés Burford Capital.