La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido formulado por el Gobierno de extender por 30 días el plazo para presentar garantías y de esa manera evitar millonarios embargos de activos argentinos en el exterior, en el marco del fallo que obliga al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner. 

Así lo indicó este jueves el especialista en mercados Sebastián Maril, quien viene siguiendo en detalle el derrotero de este megajuicio que complica las delicadas finanzas de la Argentina. “La fecha límite es el próximo 10 de enero y, de lo contrario, el día 11 comenzarían los embargos”, destacó.    

La expropiación fue avalada por la exmandataria y decidida por su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, ahora gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires. 

TE PODRÍA INTERESAR: Argentina canceló el pago de USD 921 millones al FMI, el último vencimiento del año

El viernes 8 de septiembre, la magistrada neoyorquina dictaminó que el Estado argentino -y no la compañía YPF- debía resarcir a los demandantes por la forma en que el Gobierno de Cristina Kirchner expropió la petrolera en 2012.

En su resolución conocida este jueves, Preska determinó que no le otorgará al país una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar avales. En consecuencia, si el próximo 10 de enero, es decir en 20 días corridos, no se presentan garantías por el total del monto en cuestión, el demandante del juicio podría comenzar a pedir embargos contra el Estado.    

"Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata", escribió Preska, según destacó Maril, CEO de la consultora Latin Advisors.

El juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, que a su vez compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados, porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol, a la que se le adquirió su paquete accionario por unos USD 5.000 millones.

De esta forma, Burford, después de "invertir" algunas decenas de millones de dólares en el juicio, se prepara para negociar por muchísimo más.

"No sé si Argentina está en condiciones de presentar activos como aval sin pedirle permiso al Congreso. Y si lo hace, parece poco probable que autoricen a este Gobierno en medio de este contexto. Tal vez presente un activo para evitar embargos con un decreto que tiene que ser aprobado en 10 días, pero es una hipótesis", estimó Maril.  

"Está claro que lo que pasa ahora no es responsabilidad del presidente Javier Milei. Todos los candidatos sabían que este tema existe y es grave. Se asesoraron correctamente con economistas, legisladores y especialistas tributarios y laborales, pero no con la demanda externa más importante que tiene el país", indicó.    

Argentina había presentado dos pedidos para que se le otorgara “más tiempo”: el que acaba de rechazar la jueza por los avales y otro que le hizo a la Corte de Apelaciones, por 90 días, para interiorizarse más en la causa, del que aún no hubo respuesta.

Para esta segunda solicitud, los argumentos de los abogados del Estado, que por ahora siguen siendo los mismos –el estudio Sullivan & Cromwell–, es que el Gobierno necesita familiarizarse con el caso.