En un nuevo revés judicial, la Argentina fue condenada por un Tribunal de Londres a pagar 1.300 millones de euros por el mal cálculo del cupón PBI. La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales rechazó la presentación contra un fallo que condenó a abonar a los bonistas por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el kirchnerismo, por lo que ya se agotaron todas las vías judiciales. 

La sentencia tiene origen en una demanda de cuatro fondos de inversión con tenencia de títulos emitidos en 2005, que les otorgaba a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional, siempre y cuando el PBI argentino aumentara por encima del 3,3% anual. 

Los denunciantes sostuvieron que, en 2013, el país modificó la fórmula del cálculo para evitar que sobrepase dicho monto para evitar ese pago, logrando un alza de 3,2%. 

En ese momento, el ministro de Economía era Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras que el secretario de Comercio era Guillermo Moreno, a quien se le atribuía injerencia directa en el INDEC. 

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Frente a esta situación, los acreedores se presentaron en los tribunales de Londres y obtuvieron una sentencia favorable, en la que se dictaminó que Argentina había modificado los cálculos para perjudicar a los tenedores de bonos. 

De esta manera, el 5 de abril de 2023, el Tribunal Superior de Londres había sentenciado al país a pagar 1.330 millones de euros a bonistas por haber falseado el índice del PBI del 2013. Sumado a eso, se determinó que la Argentina debería depositar también los intereses, por lo que la cifra sería aún mayor. 

Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald Internacional Limited son los cuatro fondos que percibirán la indemnización y que además cuentan con el 48% de la cifra total, según indicó la agencia internacional Reuters. 

Además, en Nueva York hay una demanda similar presentada por el fondo Aurelius, por una cifra que ronda los USD 1.000 millones, y quedó a cargo de la jueza Loretta Preska. 

En abril de este año, la magistrada dictaminó en favor de la Argentina en una acusación que tenía el objetivo de sumar daños a la otra causa y que un fallo desfavorable hubiera encarecido en cinco veces el monto reclamado.