"En mi gobierno no habrá jueces macristas", prometió Mauricio Macri apenas asumió como Presidente el 10 de diciembre de 2015. Y fue, entre otras, una de las frases más resonantes del inicio de su Gobierno y, al igual que la inmensa mayoría de sus promesas, tampoco la cumplió.

Esa idea republicana de una justicia independiente dista mucho de encontrarse en la gestión macrista. En este sentido, hay claras muestras de que en nuestro país estamos lejos de tener Justicia, ni hablar de su independencia. En realidad, el Gobierno utiliza al Poder Judicial para presionar y perseguir opositores.

El caso del juez Luis Carzoglio saca a la luz algo que se vislumbraba, pero que estaba en las sombras: las presiones políticas hacia la Justicia. Para colmo, luego de denunciar la campaña en su contra desde los medios cercanos al oficialismo le respondieron con más carpetazos. Se nota mucho.

"Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen", afirmó un Macri sin cadenas luego de un año y medio de gestión. Muy lejos de su frase citada tres párrafos más arriba. Pero como todos aprendimos de Los Simpsons: existe la verdad y "la verdad". Entonces, ¿cuál es la verdad que busca el Presidente? No es ni más ni menos que aquella que favorezca los intereses de la Casa Rosada.

La doctrina judicial macrista

Macri pretende que la Justicia sea susceptible a las presiones de su Gobierno. Recordemos que precisamente desde aquí nacen las mejores noticias para el Presidente y un minoritario -pero intenso- sector de la sociedad adicto a las causas judiciales. Bonadio, Stornelli y Campagnoli son un claro ejemplo de esto. Los podemos ver comiendo con Mirtha Legrand, charlando con Novaresio o Morales Solá. Siempre son funcionales al Gobierno y junto a los medios, conforman un triángulo de poder cambiemita que se refuerza diariamente: Gobierno, medios y Justicia.

Alcanza con recordar ciertos fallos o citaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en consonancia con las malas noticias en el plano económico. En el momento de peor imagen de gestión de Cambiemos surge esta causa contra Pablo Moyano y sus supuestos vínculos con la barra brava de Independiente. De manual.

El Gobierno instrumenta un dispositivo de utilización de ciertos jueces contra los referentes de la oposición haciendo las veces de un contrafuego. ¿Cómo funciona este mecanismo? Uno no puede ser cazador y presa a la vez. El Gobierno, con una economía en declive, es presa fácil para los opositores que salen a su caza. La forma más sencilla de dar vuelta la situación es transformarse en cazador; y ahí es donde comienzan a jugar los jueces y fiscales afines, que salen a la cacería de quienes se oponen a las políticas de ajuste de Cambiemos.

Por supuesto que no todos los jueces responden automáticamente al oficialismo. Tal es el caso del destituido juez Luis Arias o del perseguido fiscal Federico Delgado, que osaron investigar la corrupción o poner en debate las medidas del gobierno de Mauricio Macri.

También es cierto que todos los gobiernos tienen intereses en algunas causas y fallos en mayor o menor medida. Pero no es menos cierto que Cambiemos ha llevado su injerencia al Poder Judicial al extremo.

Decretar el nombramiento de jueces de la Corte Suprema pocos días después de asumir el gobierno, remover a jueces por la implicancia de sus fallos contra la gestión de Macri, desplazar fiscales por investigaciones que complican al entorno presidencial, convalidar el encarcelamiento preventivo de políticos opositores, auspiciar listas y candidatos cercanos al gobierno en los colegios de abogados, impulsar el nombramiento de jueces con fuertes vínculos oficialistas. La lista de fechorías macristas es impresionante.

De hecho, para justificar la prisión ilegal de la dirigente social Milagro Sala, el Presidente expresó que "a los argentinos nos parece que cometió delitos" ignorando las recriminaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Que los organismos internacionales digan sin son kirchneristas.

La doctrina judicial macrista

No sería de extrañar que en un futuro no muy lejano el juez Carzoglio sea removido de su puesto. Porque acusar al procurador bonaerense de filtrar la información y encima denunciar las amenazas de muerte que recibió su esposa tras filtrarse su fallo, no le van a resultar gratuitas.

En suma, viendo los antecedentes anteriormente citados podemos entender que la doctrina judicial macrista es clara: estos son mis jueces, pero si no me gustan pongo a otros.