El mismo día en que la Justicia sorteó al nuevo juez para definir las elecciones en Boca, la Cámara Civil rechazó el pedido de recusación del oficialismo para apartar a la jueza Alejandra Abrevaya, que las había suspendido y ahora volverá a hacerse cargo de la investigación por irregularidades en el padrón.

Hace una semana, Abrevaya impidió que el pasado domingo hubiese comicios en el club mediante una medida cautelar, al considerar “prima facie” que existían irregularidades en el padrón electoral, después de una denuncia presentada por Andrés Ibarra, candidato a presidente por la oposición, que completa la fórmula con Mauricio Macri, cuestionando la legitimidad para emitir sufragio de más de 13.000 socios, que según el oficialismo están perfectamente habilitados para votar.

Ante esa situación, el oficialismo recusó a la magistrada y apeló su decisión de suspender los comicios, al sostener que su proceso “está sesgado” y que “vulneró el derecho de defensa del club”.

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En su fallo, el tribunal de segunda instancia le pidió al juez Sebastián Font, quien este miércoles había sido designado momentáneamente mientras resolvía la recusación de la magistrada, que dé traslado inmediato de la apelación a la Cámara para que este organismo judicial defina si mantiene la cautelar o la revoca, decisión que se tomaría entre el martes y miércoles de la semana próxima.

En ese sentido, y en busca de darle celeridad al trámite, la Cámara le dio plazo hasta este jueves a la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida cautelar.

Ante este panorama y la dilación de los tiempos, crece la incertidumbre acerca de cuándo irán finalmente los socios a las urnas para elegir a quienes comandarán Boca en los próximos cuatro años. 

Si cae la medida cautelar, los comicios podrían celebrarse el domingo 17 de diciembre, pero si es ratificada, las elecciones quedarán postergadas hasta que la jueza Abrevaya resuelva sobre la cuestión de fondo vinculada a la denuncia de la oposición.

Juan Román Riquelme, candidato presidencial del oficialismo, acusó a Ibarra y Macri de perseguir el objetivo de “frenar las elecciones”, e incluso de pretender privatizar el club, mientras que la oposición ha considerado que la actual dirigencia de Boca quiere “truchar” la votación.