De los seis procesamientos que tiene Cristina Fernández de Kirchner, cuatro fueron dictados por Claudio Bonadio. Dos cuando todavía no era senadora (Dólar Futuro y Los Sauces) mientras que los otros dos fueron ordenados con prisión preventiva cuando ya tenía fueros (Memorándum con Irán y Cuadernos). El último llegó para considerarle nuevamente jefa de una asociación ilícita mientras era presidenta.

Para el juez, la mecánica "funcionaba más o menos así": para ganar una obra pública, una concesión de transporte o para ser beneficiado con algún subsidio, las empresas le entregaban un porcentaje de lo que el Estado les pagaba a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. Sí, el "más o menos así" es textual.

Considera que la plata de los sobornos era utilizada para financiar "actividades de naturaleza electoral" y las vinculadas "a la gestión política de gobierno". A eso le sumó el objetivo de "comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política", donde entran en juego los procesamientos del ex juez Norberto Oyarbide y el histórico "interlocutor" judicial Javier Fernández.

No obstante el grueso de esos fondos fueron, de acuerdo al magistrado, "destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República".

El procesamiento está fundado en los testimonios de los arrepentidos en la causa, mayoritariamente. José López, ex secretario de Obras Públicas, reveló que no había hablado antes por miedo a Cristina porque es "muy vengativa".

Su declaración tiene diferencias con respecto a lo que había dicho ante otros jueces. Pero en lo sustancial, sostuvo que él conocía del sistema recaudatorio. Afirmó, para sumarle detalles, que los US$9 millones que le encontraron en el convento él creyó que eran de Cristina.

Después vienen los testimonios de Carlos Wagner, Ernesto Clarens y Claudio Uberti, quienes también hacen hincapié en una maniobra de recaudación de sobornos. A esto se le suma la declaración de Leonardo Fariña, que se presentó espontáneamente y explicó que había un sistema de pago de anticipos financieros de entre un 10% y 20 % del valor del contrato que eran abonados por el Estado Nacional.

En definitiva, manifiesta que por haber sido presidenta y por haberse dado esta organización delictiva dentro de su gobierno "mal puede sostener su ajenidad a la asociación". Y sigue: "Corresponde afirmar que el hecho de que no se hayan constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos de ola propia Fernández, no resulta óbice para sostener su responsabilidad en estos sucesos". Es decir, que no es vital que no se le haya encontrado esa vinculación directa, sino que basta con los indicios y testimoniales.

¿Qué pasará ahora?

Cristina fue procesada como jefa de asociación ilícita; por admisión de dádivas en 22 casos y por cohecho pasivo en cinco hechos. Bonadio le fijó un embargo de $4 mil millones y le dictó la prisión preventiva. En ese mismo párrafo, dejó atado el pedido de desafuero a la decisión de confirmar su resolución por parte de la Cámara Federal.

En el Senado todavía está freezado el primer pedido de desafuero de Cristina por la denuncia de Alberto Nisman. En esa misma Cámara está Carlos Menem, quién ostenta dos condenas. Cambiemos tiene, además, el antecedente de Aída Ayala, donde no quiso votar el desafuero de su diputada cuando fue requerido por un juez de primera instancia.

La incógnita es si el peronismo sostendrá esa postura. Todo hace indicar que sí y que Cristina llegará a juicio en libertad. Según fuentes judiciales, la intención es elevar esta causa a debate lo más pronto posible. En 2019, la senadora ya tiene fecha de juicio en otra causa: Vialidad Nacional.