Salud pública, "modelo mixto" y objeción de conciencia: tres ejes del proyecto oficial por el aborto legal

El pañuelazo de este 19 de febrero inaugura una serie de manifestaciones que se harán durante este año mientras el feminismo espera que se presente oficialmente el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso.

Se estima que en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Por la clandestinidad, los resultados no son exactos y la única información disponible es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. De acuerdo al Ministerio de Salud, el aborto es una de las principales causas de muerte materna en nuestro país: en 2017, representó el 14,85% de las muertes maternas.

El oficialismo planea presentarlo como parte del paquete de leyes que ingresarán a Diputados después de la apertura de sesiones ordinarias. Fuentes del Gobierno confirmaron a El Canciller que formará parte del discurso que Alberto Fernández dará el próximo 1 de marzo.

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"Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública", dijo hace algunos días el Presidente durante su gira por Europa. El debate se centró en aquel momento en las diferencias entre despenalización y legalización. La primera implica “sacar” del Código Penal al aborto mientras que la segunda ya significa un mayor involucramiento del Estado.

Los detalles del proyecto se están delineando entre varias personas. Por un lado, está Vilma Ibarra, la actual secretaria Legal y Técnica de la Nación, quien tiene a su cargo la mayoría de los temas que Alberto considera esenciales. Junto con Ibarra trabajan la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y Ginés González García, ministro de Salud.

La idea fue dejar en claro que el aborto es una cuestión de salud pública y que el Estado debe intervenir activamente en ello. El abordaje será en el marco de lo que se conoce como “modelo mixto”. Esto significa que nos alejamos del aborto únicamente por causales (riesgo de vida, de salud o por violación) y vamos hacia un modelo donde cualquier mujer o persona gestante pueda ir a un hospital a solicitar una interrupción de su embarazo. Esto incluye, como en la mayoría de los países, un límite gestacional que en Argentina sería de 12 o 14 semanas.

Una vez llegado al Congreso, en el oficialismo calculan que se tratará entre mayo y junio. Ahí dependerá, por supuesto, de la voluntad política y de las negociaciones. Mientras que los números en Diputados se inclinan hacia la aprobación, en el Senado aún se vislumbra un escenario de paridad, con cierta tendencia hacia el no, como sucedió en agosto de 2018.

La otra de las claves radicará en que se establece como objeción de conciencia y cómo jugará la reglamentación de la ley sobre los centros médicos. En el Congreso ya hay un proyecto presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que fija parámetros muy claros sobre las objeciones que pueden poner los médicos para negarse a realizar un aborto: estar previamente en una lista confeccionada anteriormente, por ejemplo.

Y una vez aprobado, ¿qué?

La otra gran batalla se dará si finalmente el proyecto es aprobado. Más allá de la ley y su reglamentación, desde algunos sectores militantes por los derechos de las mujeres explicaron que la discusión pasará porque el aborto legal no termine de la misma manera que los actuales abortos no punibles. Es decir, que sólo algunas provincias adhieran a la legislación nacional y que otras se dediquen a obstaculizar las intervenciones.

“Es un tema complejo el de la implementación en las provincias”, explican desde el equipo técnico de una de las diputadas que espera la llegada del proyecto al Congreso. Recuerdan que, por más que al aborto no punible está en el Código Penal desde 1921 y hay también un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012, en ocho provincias nunca se aplicó el documento que se elaboró para estas intervenciones.

Señalan también que fueron muchísimas las judicializaciones en los casos de violación y estiman que la resistencia en ciertos sectores hospitalarios y eclesiásticos será dura. “Es vital que, luego de la sanción de la ley, se trabaje articuladamente con los ministerios de Salud de las provincias para garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos sin importar en qué lugar del país vivan”, remarcan.

Los sectores mal denominados “pro vida” también tienen su estrategia en caso de que el Congreso apruebe la ley y es nuevamente la judicialización. Apuestan a conseguir algunos/as jueces/zas que firmen en contra de lo sancionado y lograr así que cualquier tipo de implementación avance.