La cuarentena visibilizó la necesidad de conectividad, ya sea para estudiar, trabajar, hacer trámites, ejercer la libertad de expresión o comunicarse con otras personas. A su vez, demostró las desigualdades entre los que pueden abonar la telefonía móvil, Internet y la TV paga y los que no. Por eso, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) apoya el decreto 690/20 que estableció esos servicios como públicos esenciales en competencia.

Para las carreras de comunicación es fundamental que todos los países promuevan la reducción de la brecha digital. "Los Estados no pueden permanecer impasibles ante un bien social carente de una distribución igualitaria", aclaran. En busca de mayor igualdad, el Gobierno argentino estableció como obligatoria la prestación básica universal (PBU).

El decreto considera como "derecho humano el acceso a las TIC y a la comunicación", esto necesita reglas claras para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y de las recomendaciones de la CEPAL promueve el derecho.

Derecho a la comunicación. Foto NA: MARCELO CAPECE

"El Estado debe arbitrar los recursos normativos para su efectivo cumplimiento", sostienen desde REDCOM y FADECCOS. A su vez, el país debe controlar la calidad del servicio y las tarifas. Es clave este punto, por eso, se dictó la resolución 1467/2020 que fijó los términos de implementación de la PBU.

La resolución dispone que las prestadoras del servicio deben ofrecer distintas tarifas a las que accedan todos los habitantes y nadie sufra la restricción de su derecho de conexión por una cuestión económica.

Desigualdad entre las empresas prestadoras

El Estado debe controlar que se mejoren los servicios, los costos, las inversiones y las tarifas. Para cumplir esa tarea, REDCOM y FADECCOS consideran que se debe convocar a las empresas, sindicatos, expertos y asociaciones de usuarios para dialogar sobre los servicios.

Televisión por cable incluida en el PBU

Entre las compañías que trabajan en los tres sectores (telefonía móvil, TV por cable y conectividad) hay situaciones contrapuestas. "Los primeros dos operadores detentan más de 60% del mercado, la decisión fue silenciada o duramente criticada por las empresas". Esto se debe, según las carreras de comunicación, en que la decisión estatal disminuirá las ganancias de las empresas.

Además de los grandes prestadores existen más de 1.200 Pymes y cooperativas que prestan servicios a poco más de un 30 % de la población, distribuida en el 70% del país.